Chilchota, Mich. La propiedad social en el estado ha sido vulnerada debido a la falta de apoyos para los ejidatarios, quienes se han visto en la necesidad de rentar sus tierras a empresas nacionales y extranjeras con contratos totalmente desventajosos que han puesto en juego, incluso, la posesión de sus terrenos, advirtió Héctor Álvarez, ex consejero comunal de Santo Tomás, municipio de Chilchota.

“Se han aprovechado de la pobreza, dañado nuestros recursos naturales y no han cumplido con lo convenido, por lo contrario: han intentado despojarnos de lo nuestro”, recalcó.

En ejidos de Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro y Tzintzuntzan, por ejemplo, hay más de 15 mil hectáreas alquiladas a la empresa estadunidense Driscoll’s, explicó Juan M, del ejido Chapultepec, cuyo módulo de riego se compone de 2 mil 38 hectáreas y pertenece al municipio de Pátzcuaro.

“De esa superficie, si hay 100 hectáreas de maíz es mucho, porque ya no nos dejan agua, la tienen secuestrada los freseros: la extraen con pozos profundos y la almacenan en unas cinco ollas captadoras, cada una de ellas con superficie de una hectárea y profundidad de hasta ocho metros”, agregó.

Genaro H, del municipio de Huiramba, detalló que hace unos ocho años comenzaron estas acciones, que después fueron impulsadas por el ex gobernador perredista Silvano Aureoles y algunos de sus socios, sobre todo en Lagunillas. “Usó maquinaria del gobierno para perforar pozos”, afirmó.

Indicó que también los aguacateros del cerro de La Cantera sobrexplotan el líquido, por lo que “cada vez más hay menos de este recurso, que hasta hace unos años era abundante”.

Pedro D, ejidatario de Tzintzun-tzan, añadió que los fumigantes utilizados por esta compañía acabaron con la fauna silvestre, y “al final los 7 mil pesos que pagan por hectárea no compensan en nada los daños que han provocado: tiran basura, cercan los predios, utilizan cañones antigranizo y cuando quieren cierran los caminos sacacosechas”.

Explotación laboral

Manifestó que además de las afectaciones al medio ambiente, “en temporada de recolección, cientos de personas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y algunas localidades del estado llegan a trabajar a las huertas en condiciones no muy favorables.

“A esto hay que sumar que dividen a los ejidatarios y amenazan a quienes no están conformes con sus contratos amañados. Y la mayor preocupación es que se queden con las tierras o que las abandonen cuando ya no sirvan para nada”.

De acuerdo con Eustolio Nava Ortiz, subsecretario de Fomento Productivo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del gobierno estatal, en la entidad hay alrededor de 100 mil hectáreas de huertas rentadas a particulares para cultivar frutos rojos y agave, por lo que dejaron de producir maíz.

El problema para quienes siembran granos básicos, comentó, es que los altos precios de los insumos hacen incosteable trabajar sus propias tierras, por lo que “si tienen tres o cuatro hectáreas y les pagan hasta 30 mil pesos por rentarlas, les resulta más atractivo”.

La experiencia en Santo Tomás

El ex consejero comunal Héctor Álvarez narró a La Jornada la experiencia que vivieron entre 2012 y 2019 los comuneros de Santo Tomás al hacer “tratos” con la empresa Agro Superior de Jacona (ASJ), con sede en San Antonio, Texas.

Explicó que los representantes de la trasnacional, quienes se hicieron pasar por propietarios de ésta, comenzaron a “coquetear” con las autoridades en 2011. Prometieron trabajo y desarrollo en la localidad, pero “en realidad buscaban apoderarse de nuestro territorio”.

Se reunieron primero con poseedores del predio El Potrero y acordaron firmar un convenio en el que se comprometían a pagar 9 mil pesos por hectárea al año, además de contratar como peones a los habitantes del pueblo.

“Al principio fueron 50 hectáreas las que les interesaron, después 300, y cada vez tomaban más terreno sin consultar a nadie. Luego comenzaron a dividir a la comunidad, porque a unos les pagaban más que a otros”, detalló Héctor.

El primer error de quienes rentaron sus tierras, aseveró, fue que nunca consultaron a la asamblea, que es la máxima autoridad en un pueblo que se rige por usos y costumbres. “Los empleados de la compañía les lavaron el coco, diciéndoles que en el contrato sólo era necesario el aval de los dueños de las parcelas, pero ignoraron que los terrenos son comunales y no se pueden negociar de manera individual”, puntualizó.

En 2018, los pobladores de Santo Tomás comenzaron reuniones en las que coincidieron en que la firma estadunidense contaminaba la zona, incumplió sus promesas de realizar obras sociales en el lugar y maltrataba a los jornaleros.

Ante estas inconformidades, en noviembre de 2019 los pobladores tomaron las entradas de los cultivos, en tiempo de cosecha, para exigir a la compañía salir de sus tierras; lograron que les pagaran una parte del dinero que les debían y sólo les permitieron sacar su maquinaria.