Con una aplastante mayoría de 185 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer la resolución que exige poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace alrededor de 60 años. Los votos en contra fueron los del propio Washington y de Israel, mientras las abstenciones fueron de Brasil (muestra del aislamiento y la vergüenza que supone para el gigante sudamericano el gobierno saliente de Jair Bolsonaro) y de Ucrania. Esto último cobra peculiar relieve puesto que, pese a ser Kiev estrecha aliada de la Casa Blanca, así como dependiente del armamento enviado por la superpotencia en su lucha contra la invasión rusa, no se prestó a rechazar la moción promovida por La Habana, cuya justicia es uno de los poquísimos puntos de práctica unanimidad entre la comunidad internacional.
Al tomar la palabra en la sesión de la Asamblea General dedicada a tratar el bloqueo, el embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, recordó que “toda medida unilateral concebida como un medio de presión política para promover desde el exterior cambios en las decisiones internas de otro Estado contraviene la Carta de la ONU”, como lo hace el someter al hambre a la población civil. El ex rector de la UNAM también señaló que la agresión contra Cuba y el continuo desacato de las resoluciones de la ONU por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad “resultan simplemente inaceptables a la luz del derecho internacional y de los preceptos constitucionales de la política exterior” de nuestro país. Entre otras declaraciones que honraron la tradición de la política exterior mexicana, De la Fuente condenó la inclusión arbitraria de la isla en la lista estadunidense de naciones “patrocinadoras del terrorismo”, lo cual “constituye una afectación adicional al pueblo y al gobierno cubano”, además de ser un claro despropósito, tanto porque La Habana no promueve actividades terroristas como porque el argumento para mantenerla en ese listado, que fue el asilo prestado a 10 integrantes del Ejército de Liberación Nacional colombiano, se vino abajo con las conversaciones de paz entre dicho grupo y la administración de Gustavo Petro.
Como ha hecho durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a terminar con lo que calificó de “medida retrógrada, medieval e inhumana”, que hace a la población pagar las consecuencias de diferencias ideológicas entre estados. En este sentido, reiteró el posicionamiento soberanista de que “nadie tiene derecho a actuar como el gobierno mundial, nadie”, y desnudó la hipocresía de hablar de derechos humanos cuando se actúa de manera inconsecuente. En un exhorto a su homólogo Joe Biden, manifestó que el fin del bloqueo sería “sublime, una actitud de dignidad, de elevados valo-res, de demostrar que se tiene auténticamente deseos de un cambio”, un mensaje de que se ha depuesto la arrogancia y se ha entendido que “sólo con la justicia, el respeto a las soberanías, la amistad y la cooperación entre los pueblos se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad universal”.
Lamentablemente, sea por sus propias convicciones o porque se encuentra entrampado en una lógica electoralista que le impone cortejar a los sectores duros del exilio cubanoestadunidense, Biden no ha dado ninguna señal de rompimiento con una inercia injustificable y dañina, por lo que el resto la comunidad internacional debe buscar las formas de anular o atenuar los efectos de este ataque permanente contra el pueblo cubano que merece, con base en las leyes internacionales, el calificativo de criminal.
