A tres décadas de la reforma al artículo 27 constitucional, que abrió la posibilidad de vender terrenos ejidales, la propiedad social en México ha disminuido solamente 5 por ciento, según el Registro Agrario Nacional (RAN); sin embargo, las mejores tierras han sido acaparadas por particulares a través de contratos de arrendamiento, uso y usufructo –muchos de ellos leoninos–, así como de estrategias legales e ilegales, aseguran dirigentes campesinos.

La superficie de ejidos y comunidades pasó de 104 millones 944 mil 405 hectáreas, en 1992, a 99 millones 649 mil 849, en el presente año, lo que representa 50.7 por ciento del territorio nacional.

Contra lo que se esperaba cuando se aprobó la reforma, a la fecha sólo se han vendido 5 millones 294 mil 556 hectáreas, sobre todo de zonas de riego, turísticas y de expansión urbana; en tanto, los núcleos agrarios aumentaron de 31 mil 27 a 32 mil 222 y el número de sujetos de derechos agrarios se incrementó de 3.5 millones a 5.3 en la actualidad.

La mayoría de los convenios para rentar terrenos ejidales no son reportados al RAN, pues no es obligatorio hacerlo; por tanto no existen datos precisos a nivel nacional sobre la cantidad de hectáreas que se encuentran en esta situación, ni las condiciones en que se firman los acuerdos.

Con los cambios al artículo 27 de la Constitución mexicana en 1992, durante el gobierno del priísta Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se puso fin al reparto agrario; se autorizó el aprovechamiento por parte de terceros de las tierras ejidales y comunales, la transmisión de los derechos parcelarios, así como la adquisición del dominio pleno de las parcelas para que se puedan convertir en propiedad privada y venderse.

Benjamín Valenzuela, productor agrícola, comunero y miembro de la organización Morena Agropecuaria, en Sinaloa, explicó: “en ese entonces advertimos que, perversamente, el aparato gubernamental, que era del PRI, venía eliminando todos los estímulos para que los productores ejidales, comuneros y pequeños propietarios pudieran hacer su actividad rentable.

“Empezaron a desaparecer instituciones como Banrural, Conasupo. De manera que a la hora en que a los campesinos se les otorgó la posibilidad de ofrecer las tierras en venta, lo vieron como una oportunidad.”

No obstante, refirió, se logró que se impusiera un “candado” en el artículo 23 de la Ley Agraria, en el que se establece que la asamblea (con la presencia de 75 por ciento de sus miembros) debe autorizar a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas.

Valenzuela señaló que debido a que este requisito es difícil de lograr, son pocas las hectáreas que han salido del régimen ejidal de esta manera y, en su lugar, surgió el “rentismo parcelario”, que además fue producto de la falta de créditos y de condiciones óptimas para comercializar los productos agrícolas.

Consideró que el sector ya hace tiempo no encuentra impulso en la Financiera Rural para el desarrollo de sus actividades y advirtió que tanto este organismo como la propiedad social están en riesgo de desaparecer.

A lo anterior se suman diferentes tipos de “triquiñuelas” para obtener estos terrenos, afirmó, como el avecindamiento simulado; es decir, que personas foráneas se hacen pasar por miembros de la población para ser candidatos a obtener cesiones de derechos según lo estipula la ley.

Este panorama se da, a diferentes escalas y circunstancias, en los 31 estados del país. Carlos González, uno de los abogados agrarios más activos de la República Mexicana, quien encabeza defensas territoriales en diferentes regiones indígenas, detalló que, en el caso de Jalisco, desde hace 10 años y a través de la renta de parcelas, la agroindustria enfocada en la plantación de agave, frutos rojos y aguacate está sustituyendo al cultivo tradicional y alimentario.

En el sur de Sonora, en la zona del Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, casi 300 mil hectáreas son arrendadas por grandes consorcios para la producción de granos y hortalizas, como trigo, maíz, cárcamo, ajonjolí, calabaza, entre otras, indicó Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas en la entidad.

Al Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, han llegado empresas conformadas por capitales extranjeros, algunos provenientes de Holanda, España, Francia y Japón, que buscan aprovechar “el potencial” que hay en el lugar para la generación de energía eólica.

La organización no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aseguró que en esta región actualmente están ocupadas 32 mil hectáreas de tierras de propiedad social con 29 parques eólicos.

En el estado de México las áreas para siembra han decrecido “de forma sustancial” en los últimos 30 años, en gran medida por el crecimiento de la mancha urbana, pero también por el desarraigo de los descendientes de ejidatarios que han optado por la venta de tierras en lugar de continuar con el cultivo de las mismas, ya que en la actualidad los apoyos para el campo son muy escasos y no están focalizados, advirtió Everardo Lovera, dirigente agrario del norte de la entidad.

Mientras, en Morelos, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Colima y Nayarit, la propiedad social es amenazada por empresas mineras; en estados como Puebla, Nuevo León y Guanajuato, las inmobiliarias, y las compañías de vocación turística han acaparado al por mayor este tipo de terrenos en Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

Los corresponsales de La Jornada se dieron a la tarea de recabar información y testimonios sobre casos en que los ejidatarios se vieron en la necesidad de rentar sus parcelas, les fueron expropiadas o los despojaron de ellas con engaños; en los próximos días se presentarán una serie de trabajos que abundarán sobre el tema.