El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) necesitan fortalecer la coordinación institucional y con los Organismos Públicos de Derechos Humanos para orientar la política de prevención y protección de las garantías de esta población, mediante su promoción y fomento, advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Señalo que no se ha publicado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y la CNDH no elaboró las bases para el funcionamiento del Mecanismo Independiente de Monitoreo de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas.
A casi cuatro años de la administración actual, aún no se ha publicado el citado programa, “instrumento programático para establecer la política pública” asociada a la población, para articular y cumplir las metas y objetivos que en esa materia deben ser desarrollados en los tres niveles de gobierno.
Según refirió el órgano fiscalizador, en el país hay 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, que representan 16.5 por ciento de la población total.
Indicó que si bien el Conadis llevó a cabo en 2021 acciones en favor de estas personas, identificó la necesidad de que desarrolle trabajos para la promoción de estudios e investigaciones relacionados con los derechos humanos de esta población, y la capacitación y difusión de campañas para fomentar la toma de conciencia de los servidores públicos de la administración federal.
