El Instituto Nacional Electoral (INE) ocultó los resultados de una encuesta, encargada por este mismo organismo (y financiada con recursos públicos), en la cual se revela el abrumador apoyo ciudadano a las propuestas contenidas en la iniciativa de reforma en materia electoral impulsada por el partido gobernante. De acuerdo con el sondeo efectuado entre el 9 y el 10 de septiembre pasado, 87 por ciento de los encuestados están a favor de reducir el número de diputados y senadores, 78 por ciento apoyan que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos por el voto popular y 74 por ciento dan su aval a reducir el presupuesto del instituto (85 por ciento de los cuales consideran que ello no afectaría su derecho a votar). Asimismo, 72 por ciento opinan que los partidos políticos reciben mucho dinero y 96 de cada cien piden entregarles menos recursos.
Otros dos puntos del proyecto de renovación tienen menos respaldo, pero aun así son claramente preferidos sobre el estado actual de las cosas: la sustitución del INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) tiene 52 por ciento de opiniones a favor frente a 40 por ciento en contra, mientras la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales recibe 53 frente a 43 por ciento, respectivamente.
Estos datos sólo se divulgaron porque la representación de Morena ante el organismo exigió que se le entregaran los archivos del ejercicio demoscópico, lo cual supone una muestra más de la discrecionalidad y opacidad con que se conducen el consejero presidente Lorenzo Córdova y sus colegas. La errática actuación de la dirigencia del INE no pasa desapercibida a los ciudadanos, cuya opinión positiva hacia el instituto se desplomó en 11 por ciento de 2021 a septiembre de 2022, pasando de 67 a 56 por ciento, siempre según la encuesta referida.
Así pues, las cifras son contundentes: los mexicanos quieren que las autoridades electorales y los partidos políticos se ciñan a un presupuesto racional y sensible con la realidad del país, quieren que la designación de consejeros y magistrados se rija por métodos democráticos en vez de pactos cupulares, quieren una composición más ajustada del Congreso y cerrar la llave del erario al dispendio de los partidos políticos. Los porcentajes de adhesión a estas posturas dan cuenta de un amplio consenso ciudadano, principal criterio que debe guiar a las democracias. Por ello, resulta cínico el mensaje publicado por Córdova el domingo pasado, en el cual reclama que “una reforma político-electoral requiere siempre del máximo consenso posible” en momentos en que tenía en sus manos la prueba irrefutable de que ese acuerdo ya existe y no es necesario buscarlo en los pactos elitistas a los que apela.
El consejero presidente debe entender que su función es organizar los comicios, no tratar de imponerle al Legislativo los contenidos de una iniciativa de reforma ni los procedimientos para tramitarla, pues ni él ni mucho menos la Comisión de Venecia (órgano al que el INE invitó a interferir en los asuntos internos de México) pueden dictar cómo se procesan las leyes de nuestro país.
Con sus posicionamientos, Córdova se extralimita en sus atribuciones y deja la impresión de poseer un afán desbocado por asumir funciones que no le corresponden. En este camino, vulnera el principio de que la soberanía dimana del pueblo, no de él ni de los conciliábulos entre fuerzas políticas que dieron forma a los consejos del INE y su antecesor, el IFE, a fin de asignarse prebendas insultantes y convertir los procesos electorales en jugosos negocios para encuestadoras, asesores, despachos de imagen, publicidad y mercadotecnia y otras entidades y personas orientadas a reducir el voto a una mercancía y suplantar al demos con una tecnocracia frívola, devoradora de presupuestos y repelente al sentir mayoritario.
