Chihuahua, Chih., Efectivos del Ejército Mexicano, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, realizaron este miércoles una operación para aprehender a José Noriel Portillo Gil, El Chueco, acusado de dar muerte a dos sacerdotes jesuitas y a un guía de turistas el pasado 20 de junio en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique.

Los uniformados no dieron con el presunto homicida múltiple; sin embargo, lograron detener en la comunidad de Témoris, municipio de Guazapares, a Fernando F. C., alias El Cuervo, a quien se atribuye ser operador de El Chueco y asesinar en 2019 a Cruz Soto Caraveo, defensor de familias desplazadas de la Sierra Tarahumara.

“Elementos de la Agencia Estatal de Investigación le aseguraron a Fernando F. C. un arma de fuego, equipos de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la fiscalía de distrito zona occidente”, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).

La institución confirmó que tiene una orden de arresto vigente en contra de Fernando F. C. por el homicidio del activista Cruz Soto, a quien tres sujetos armados privaron de la libertad el 13 de octubre de 2019. Posteriormente se le halló muerto, con impactos de bala, a un lado del camino que va de Témoris hacia el pueblo de Bahuichivo, en Guazapares.

Soto Caraveo era parte de un colectivo de familias desplazadas originarias de la localidad El Manzano, municipio de Uruachi, y de la comunidad Monterde, en Guazapares. Fue secuestrado cuando salía de una reunión en la presidencia municipal de Guazapares, adonde acudió para recibir un apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal.

Cruz Soto fue expulsado de la Sierra Tarahumara junto con 23 familias originarias de los poblados El Manzano y Monterde, entre 2014 y 2015, por oponerse a que narcotraficantes encabezados por El Chueco reclutaran a jóvenes indígenas de sus comunidades y del ejido Rocoroyvo.

Otros dos habitantes de El Manzano, Benjamín Sánchez Lagarda y Joel Sánchez Cruz, también fueron asesinados, presuntamente por pistoleros a las órdenes de El Chueco, en febrero y marzo de 2015, respectivamente. Estos dos crímenes permanecen impunes.

Mientras, la FGE reiteró que ofrece “una recompensa hasta de 5 millones de pesos a quien o quienes aporten información que conduzca directamente a la captura” de Portillo Gil.

Este sujeto es acusado de los asesinatos de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, perpetrados en el templo católico de Cerocahui. Autoridades lo consideran jefe de una célula de sicarios y traficantes de droga al servicio de Los Salazar, grupo que forma parte del cártel de Sinaloa.