Hasta diciembre pasado se mantenían vigentes 253 “fideicomisos, mandatos y contratos análogos”, a pesar del decreto promulgado en 2020 que ordena su extinción.
De acuerdo con al análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la vigilancia del proceso de extinción de los mismos, presentado en la segunda entrega del informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2021, las 253 figuras jurídicas acumulan más de 509 mil 855 millones de pesos.
Del grupo total, 205 son las figuras sujetas a extinguirse como consecuencia del decreto.
La ASF informó que durante 2021 se extinguieron 76 figuras que generaron la disponibilidad de los recursos que las integraban por 86 mil 74.2 millones de pesos.
Por su parte, en el reporte emitido por la Secretaría de Hacienda al cierre de 2021 se detalla que los fideicomisos vigentes son administrados no sólo por el gobierno federal, sino también por el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, y por diversos órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República y la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros.
Causas de exclusión
La mayor parte de las secretarías de Estado cuentan con fideicomisos en operación o en proceso de conclusión, los cuales fueron constituidos con el propósito de administrar recursos públicos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos.
En el informe, presentado la semana pasada por la ASF, se detalla que algunos de los fideicomisos que se extinguieron en 2021 fueron el Fondo Metropolitano, el Fideicomiso Público de Administración y Pago Fondo Regional, así como el Fondo de la Financiera Rural.
Durante el año pasado, el órgano auditor detectó que permaneció en operación el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio por estar en las causas de exclusión. Otros, como el Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo y el Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, iniciaron sus procesos de extinción. Ambos suman recursos por 5 mil millones de pesos.
La ASF concluyó que la Secretaría de Hacienda y la de la Función Pública cumplieron en términos generales con las disposiciones legales y normativas en esta materia.
