Roma. En nombre del orden y la ley, el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se estrenó esta semana con un controvertido decreto contra las fiestas electrónicas, que incluye penas de cárcel de hasta seis años para organizadores y participantes.

El texto, aprobado durante el primer Consejo de Ministros, suscita fuerte preocupación entre la oposición, que teme que la medida se extienda a todo tipo de manifestaciones, como la ocupación de escuelas y universidades a modo de protesta.

“Se trata de un error muy grave. Los raves o fiestas electrónicas no tienen nada que ver con ese texto. Se está poniendo en cuestión la libertad de los ciudadanos”, lamentó el líder del Partido Democrático, Enrico Letta, en Twitter.

La medida, llamada en Internet Se terminó la fiesta, ha sido criticada por la dureza de las condenas y porque autoriza las escuchas telefónicas, lo que en principio sirve para delitos muy graves, como mafia o fraude fiscal.

“La juventud condenada al patíbulo”, reaccionó el escritor Erri de Luca al defender las manifestaciones musicales libres y gratuitas de varios días, que generalmente se celebran sin autorización en un edificio abandonado o al aire libre.

La resolución contra esos jolgorios fue tomada tras el desalojo pacífico de 3 mil jóvenes, después de 48 horas bailando entre alcohol y drogas, en un galpón abandonado de la ciudad de Módena.

Además, propone castigar con cárcel a los organizadores de reuniones no autorizadas de más de 50 personas si se consideran peligrosas para la seguridad o la salud, así como confiscar los equipos de música, camiones y furgonetas y poner una multa de entre mil y 10 mil euros.

Las disposiciones, propuestas por el nuevo ministro del Interior, Matteo Piantedosi, conocido por sus posturas ultraderechistas, fueron defendidas por el gobierno.