Ciudad de México. María Herrera Magdaleno es madre de ocho hijos, pero cuatro de ellos están desaparecidos: Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, vistos por última vez en agosto de 2008 en Guerrero, y Gustavo y Luis Armando, desaparecidos en septiembre de 2010 en Veracruz; en todos los casos -ha señalado-, hubo participación de autoridades con el crimen organizado, al menos por aquiescencia. Ante la falta de investigación y búsqueda diligente por las instituciones y las violaciones a sus garantías y las de su familia, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado mexicano.

La petición individual ante la comisionada relatora para México, Esmeralda Arosemena, y la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, es acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y tiene como fin que se inicie un proceso en el que se verifiquen los hechos y se realicen recomendaciones al Estado mexicano, de tal manera que se investigue lo ocurrido, se den garantías de que situaciones similares no vuelvan a ocurrir y se reparen los daños causados.

El Centro Prodh destacó que en un país de más de 100 mil personas desaparecidas, la larga búsqueda por la verdad y la justicia de la familia Trujillo Herrera, “es emblemática” de los obstáculos que enfrentan los familiares de víctimas, así como de su afrontamiento.

Explicó que en la petición ante la CIDH se señalan las violaciones a diversos derechos que ha cometido el Estado mexicano, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo al ser desaparecidos de manera forzada, así como su derecho a ser buscados, por todos los medios posibles, y en su caso, debidamente identificados.

Además, se establece la violación al derecho de la familia Trujillo Herrera de acceder a la verdad y la justicia, derivado del tiempo transcurrido, “y las omisiones y negligencias que han caracterizado a la investigación que a la fecha, no ha dado resultados”. Así como la violación al derecho a la integridad y a defender derechos humanos en condiciones de seguridad, “por todas las afectaciones, impactos y riesgos a los que han estado expuestos la familia durante la búsqueda de sus seres queridos y el acompañamiento a otras familias y colectivos”.

Asimismo, en el documento presentado ante la CIDH, se ahonda sobre el incumplimiento del Estado mexicano de implementar adecuadamente, a nivel interno, todas las disposiciones para asegurar la búsqueda e investigación, incluyendo las establecidas en la Ley General en la materia, así como la falta de una política integral acorde a la magnitud de la crisis que hoy rebasa las 100 mil personas desaparecidas.