Ciudad Victoria, Tamps., El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dio a conocer que el estado solicitó un adelanto de 2 mil millones de pesos de las participaciones federales para cubrir el déficit que, aseguró, le heredó la administración que encabezó su predecesor, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El mandatario emanado del partido Morena indicó que pretende cubrir con dicha cantidad los salarios y aguinaldos a burócratas.
Señaló que el gobierno estatal enfrenta deudas de más de 16 mil millones de pesos y que su secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, inició gestiones ante el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, Rogelio Ramírez de la O, con el fin de obtener anticipadamente recursos de las participaciones correspondientes a 2023.
Villarreal Anaya comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue firme al ofrecer respaldo financiero a Tamaulipas durante una reunión de trabajo que tuvieron titulares de dependencias federales y locales durante octubre en esta capital, apoyo que el mandatario confirmó en una de sus conferencias mañaneras. Por ello, aseguró, podrán cerrar 2022 sin problemas financieros.
Mencionó que las participaciones federales de este año a Tamaulipas ascendieron a 31 mil 600 millones de pesos, 1.4 por ciento menos que en 2021, y por eso se ha instado a colaboradores de García Cabeza de Vaca a que solventen las irregularidades detectadas en obras, contratos, licitaciones y adjudicaciones, sobre todo su ex secretario de Administración, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa. Esa dependencia tuvo al menos tres titulares durante el sexenio anterior.
Detectan desfalco por medio de sindicatos
Américo Villarreal expuso: “En diferentes ámbitos de la responsabilidad institucional hay citatorios para que ex funcionarios rindan cuentas de las situaciones identificadas y darles la oportunidad de hacer las aclaraciones, pues no se encontró la documentación, o está en otra área”.
En tanto, Jesús Lavín Verástegui, actual secretario de Administración, indicó que en el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado se identificaron operaciones irregulares con recursos estatales perpetradas por medio de organizaciones sociales durante los 60 días anteriores al fin de la gestión de Francisco García, que terminó en septiembre pasado.
