El 2 de mayo de 2019, el entonces titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Manuel Peimbert, acompañado de víctimas de persecución y tortura en esa entidad, acudieron ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, para presentar una denuncia contra varios funcionarios, entre ellos el ex gobernador Ulises Ruiz y los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.

La querella –que se apega al Estatuto de Roma, que mandata a la CPI– sigue vigente y a la espera de allegarse mayor información. Se basa en los delitos de lesa humanidad cometidos por cuerpos de seguridad del Estado (municipales y estatales, en coordinación con federales) entre 2006 y 2007, durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El saldo fue, de acuerdo con la DDHPO, de 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de por lo menos dos personas.

Estos patrones están apegados a lo que sanciona el Estatuto de Roma y, de acuerdo con los denunciantes, “demuestran los patrones de sistematicidad y la política por parte del Estado mexicano para generar terror entre la población mayoritariamente indígena”. En el documento agregan que esa estrategia se repitió (en los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto) en varias ocasiones y en diferentes entidades del país.

Además del ex gobernador, Fox y Calderón, en la denuncia también se señala como responsables de esos lesivos actos a los ex secretarios de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, así como al ex procurador general de la República Daniel Francisco Cabeza de Vaca.

En julio pasado, en entrevista con este diario, Peimbert –hoy fiscal general de Oaxaca– indicó que como parte del proceso la CPI da voz a los estados-nación miembros para manifestarse sobre lo denunciado. Así fue que Édgar Elías Azar, quien en 2019 era embajador de México en los Países Bajos, “cabildeó para que no avanzara la denuncia”.

Sin embargo, ésta sigue vigente –no fue desechada de facto como pasa con la mayoría de procesos ante la CPI– y se encuentra en proceso de documentación.

“Está viva. La cancillería podría pronunciarse sobre que no tiene objeción de que el Estado mexicano sea investigado por el periodo en el que posiblemente se cometieron este tipo de delitos”, señaló Peimbert en la entrevista referida.