Oaxaca, Oax. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, insistió ayer en que sí hay una denuncia contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y está radicada en la Corte Penal Internacional (CPI).

“El brazo de la justicia tarda en llegar, pero llegará”, expresó el funcionario, al intervenir en el foro “La participación de las fuerzas armadas en seguridad pública”, adonde estuvo acompañado del gobernador electo Salomón Jara Cruz.

La CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, es un tribunal para juzgar crímenes internacionales graves, como los de guerra, el genocidio y los de lesa humanidad. Se basa en el Estatuto de Roma, que México firmó en 2000 y ratificó en 2005.

La declaración de López Hernández es una nueva variante sobre el mismo asunto. La semana pasada el titular de Gobernación mencionó por primera vez la denuncia contra Calderón y poco después se desdijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Calderón desmintieron entonces la versión.

El funcionario indicó ayer que la querella está en integración en la Fiscalía General de la CPI. “Seguramente va a haber justicia todavía en ese (caso) y en otros temas”, subrayó.

En su intervención en Oaxaca, el encargado de la política interna del país rechazó que la idea de ampliar cuatro años la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública sea una forma de militarizar al país, como sí ocurrió en 2006.

“No olvidemos quienes intentaron o sí militarizaron el país, pues fue Felipe Calderón”, enfatizó.

“Ahora no quieren acordarse muchos de aquella mañana del 6 de diciembre de 2006 en la que Calderón instruyó al Ejército Mexicano que iniciara una absurda guerra en contra del crimen organizado”, señaló.

Esa orden derivó en la muerte de miles de personas, entre ellas muchos soldados, “que fueron enviados a una guerra en la que ni siquiera conocían el territorio, porque no trabajaron, no los instruyeron”, pues no hubo una verdadera planeación, añadió López Hernández.

El secretario refirió que el gobierno de Calderón cometió un crimen de lesa humanidad con Rápido y furioso, entre 2009 y 2011, en el cual, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, “armaron al crimen organizado”.

Recordó que la idea original era que el armamento vendido a bandas delictivas incluyera un chip de geolocalización, que pudiera servir para rastrear las piezas.

El problema es que entregaron las armas, pero no tenían el chip ni había estrategia, explicó.