Después de analizar el curso que tomó la investigación del caso Ayot-zinapa en los últimos dos meses y medio, con una “situación de crisis” que generó una “pérdida de credibilidad” en el proceso por parte de los familiares de los 43 desaparecidos y de la sociedad, y tras evaluar su posible salida de México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) resolvió proponer una medida transitoria de su mandato que expiró ayer, 31 de octubre. Dos miembros del equipo, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, continuarán la misión al menos por dos meses más. Otros dos, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, se retirarán.

En conferencia de prensa, el equipo informó que es “inconsistente” y “no fiable” el paquete de capturas de pantalla que en agosto presentó sorpresivamente como prueba judicial el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), de acuerdo con el peritaje informático forense que ordenó el GIEI.

“No se puede determinar mediante el estudio de los metadatos de los ficheros su autenticidad, ni es posible identificar el tipo de dispositivo donde se encuentra la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó copia del screenshot (el pantallazo).”

Aclararon que Encinas aceptó este análisis científico. “Y esto es importante”, enfatizaron. A diferencia de la conferencia anterior, el subsecretario no estuvo presente.

Por otra parte, insistieron en que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, debe recibir a los familiares. “Ellos deben tener una interlocución directa con la fiscalía sobre las dimensiones de la investigación, deben tener una explicación sobre las revocaciones de las órdenes de arresto”, que fue uno de los detonantes de la crisis.

“No podemos desistir”

Respecto a la confianza que se puede volver a tener de que las autoridades militares entregarán la información que resta, tantas veces negada, Buitrago se refirió a la última reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió “darnos acceso a lo que falta. Y sobre esa palabra entregada, el GIEI utilizará este tiempo para lograr más información para los padres y para buscar a los muchachos”.

Hasta ahora, por su insistencia, consiguieron reunir 70 mil documentos que antes no estaban en los expedientes, seis gigas en total. “Es un punto a favor. Si no creyéramos que vamos a avanzar, nos hubiéramos ido desde el principio. No podemos desistir cuando podemos seguir luchando, para darle razón a los padres sobre sus muchachos. Creemos que bajar las manos ahora significa obtener nada, y están de por medio los padres, que son nuestra razón de ser”.

Esto “tampoco significa dar un aval a todas las actuaciones de las autoridades hasta ahora. Hemos hecho las críticas y denuncias necesarias. Necesitamos que paren las mentiras”.

Sobre todo, según insistió Cox, no se puede soslayar las conductas de las autoridades, principalmente de la Fiscalía General de la República (FGR), que llevaron a esta situación, descrita como de “confusión, perplejidad, enorme malestar y pérdida de confianza”.

Los cuatro del GIEI dedicaron varias declaraciones para hacer una “necesaria diferenciación” entre las capturas de pantallas que presentó la Covaj y otro paquete de chats que obtuvo como prueba la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), bajo la conducción del fiscal anterior, Omar Gómez Trejo. Este fue el fundamento para la petición de órdenes de aprehensión, posteriormente revocadas por la misma FGR. Explicaron que es una confusión que ha persistido en los medios de comunicación.

En la nueva etapa del mecanismo transitorio, advirtieron, el GIEI “volverá a presentar” al nuevo fiscal especial, Rosendo Gómez Piedra, “toda la evidencia disponible” para los procesos de judicialización que fueron revocados. Todos, en algún momento, aludieron a la falta de conocimiento del expediente del nuevo investigador asignado.

“Las judicializaciones están en marcha, esta es la herencia para estos tiempos”, concluyó Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca.

“La semana pasada entregamos al nuevo fiscal documentos que permiten avanzar en el conocimiento de los elementos de prueba”, señalaron. Y recordaron que en esa misma reunión el presidente López Obrador admitió la posibilidad de ampliar las judicializaciones en caso de que se sustenten las evidencias.

Palabra en prenda

Desde agosto, cuando la investigación entró “en situación de crisis” por la presentación de evidencias sin verificación (ahora descartadas), la revocación de las órdenes de captura contra presuntos implicados, la intervención de la FGR en la fiscalía especial y la consiguiente renuncia de Gómez Trejo y sus principales asistentes, miembros del GIEI se han reunido en tres ocasiones con López Obrador.

Ante el mandatario insistieron en la necesidad de acceder a toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Inteligencia y los demás organismos federales que integraron el 4 de octubre de 2014 el llamado “cuarto de situación” y que sesionaron bajo la coordinación del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, hoy fugitivo en Israel.

Parte de la información de archivos militares y federales aún oculta, a pesar del compromiso del Presidente de dar a los investigadores acceso pleno a toda la documentación, es la que radica en las llamadas “Juntas de Autoridades”, que tuvieron primero como sede el 27 Batallón de Infantería desde el 7 de octubre de 2014. Días después, a partir del 24 de octubre, Zerón creó otra “Sala de Situación Caso Ayotzinapa”, donde ya sólo se reunieron autoridades federales: Secretaría de Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR), AIC y Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Durante años estas autoridades negaron la existencia del “cuarto de situación”. No todo lo que se trató ahí fue trasladado a los expedientes de la PGR en la investigación del caso. Claudia Paz explicó que es “información muy relevante, porque en ese momento se estaba construyendo la llamada verdad histórica. Ahí, en diversas ocasiones, se ordena que se realice la intervención de comunicación de distintos integrantes de (el grupo delictivo) Guerreros Unidos o personas implicadas. Se tiene constancia de que estas intervenciones de comunicaciones en tiempo real existen, pero a la fecha apenas hemos accedido a una pequeña parte. Seguiremos insistiendo que se entreguen en su integridad”.

A insistencia de los reporteros, rechazaron contundentemente la versión en medios de comunicación de que, a partir del reconocimiento de las falencias de la segunda parte del informe de la Covaj, la indagatoria en este sexenio ha caído en una nueva “verdad histórica”, como se le llamó a la fabricación de la mentira y ocultamiento que encabezó el anterior procurador de la República, Jesús Murillo Karam, del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Hay elementos sustantivos diferentes” en los nuevos informes, puntualizaron Claudia Paz y Paz y Francisco Cox: para empezar, no se ha torturado a nadie para fabricar información, no ha habido guerra de peritajes ni siembra de evidencias.

Para finalizar, el sicólogo español Beristain recordó que cuando el grupo llegó por primera vez a la escuela de Ayotzinapa, su presentación terminó con la lectura de un poema del obispo brasileño Pedro Casaldáliga:

Es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro.