Ciudad de México. Después del análisis del curso que tomó la investigación del Caso Ayotzinapa en los últimos dos meses y medio, con una “situación de crisis” que generó una “pérdida de credibilidad” en el proceso por parte de los familiares de los 43 desaparecidos y de la sociedad, y tras analizar su posible salida de México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) resolvió proponer una medida transitoria de su mandato que expiró ayer, 31 de octubre. Dos miembros del equipo, Angela Buitrago y Carlos Beristain, continuarán la misión al menos por dos meses más. Otros dos, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, se retirarán.

En la última conferencia de prensa que dan en pleno los cuatro expertos, el equipo informó que el paquete de capturas de pantalla que presentó sorpresivamente el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) en agosto como prueba judicial es “inconsistente” y “no fiable”, de acuerdo con el peritaje informático forense que fue ordenado por el GIEI.

”No se puede determinar mediante el estudio de los metadatos de los ficheros su autenticidad ni es posible identificar el tipo de dispositivo donde se encuentra la cuenta de WhatsApp de la cual se realizó copia del screenshot (el pantallazo)”.

Aclararon que, al comunicarle a Encinas este análisis científico, lo aceptó y además se comprometió a no hacer pública nueva información sin consultarla antes con los expertos. “Y esto es importante”, enfatizaron.

A diferencia de la conferencia anterior, Encinas no estuvo presente.

Por otra parte, insistieron en que el fiscal general Gertz Manero debe recibir a los familares. “Ellos deben tener una interlocución directa con la fiscalía sobre las dimensiones de la investigación, deben tener una explicación sobre las revocaciones de las órdenes de arresto”, que fue uno de los detonantes de la crisis.

“No podemos desistir de seguir luchando”

Respecto a la confianza que se puede volver a tener de que las autoridades militares entregarán la información faltante, tantas veces negada, Ángela Buitrago se refirió a la última reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió “darnos acceso a lo que falta. Y sobre esa palabra entregada, el GIEI utilizará este tiempo para lograr más información para los padres y para buscar a los muchachos”.

Hasta ahora, por su insistencia, consiguieron reunir 70 mil documentos que antes no estaban en los expedientes, 6 gigas en total. “Es un punto a favor. Si no creyéramos que vamos a avanzar nos hubiéramos ido desde el principio. No podemos desistir cuando podemos seguir luchando, para darle razón a los padres sobre sus muchachos. Creemos que bajar las manos ahora significa obtener nada y están por medio los padres que son nuestra razón de ser”.

Esto, aclaró, “tampoco significa dar un aval a todas las actuaciones de las autoridades hasta ahora. Hemos hechos las críticas y denuncias necesarias. Necesitamos que paren las mentiras”.

Sobre todo, según insistió Francisco Cox, no se pueden soslayar las conductas de las autoridades, principalmente la FGR, que llevaron a esta situación, descrita como de “confusión, perplejidad, enorme malestar y pérdida de confianza”. Y expuso que con el relevo en la fiscalía especial “se corre el riesgo de un retraso de tres a cinco años para subsanar todos esos vacíos de información”.

Respecto a la decisión intermedia, de que dos expertos permanezcan en el caso y dos se vayan, aclararon que se trató “de una decisión colectiva, no unipersonal”.

Lo que los militares pensaban del GIEI

En esta sesión de ayer se distribuyó un “Resumen” del II Informe Ayotzinapa del GIEI que contiene una nueva pieza de información. Se refiere a documentos militares del periodo peñanietista a los que tuvo acceso la UEILCA en los que hay análisis de fuentes castrenses “que cuestionan la instalación del GIEI, sus verdaderos propósitos, la objetividad de sus informes”.

En ellos se recomendó una línea que fue consistente durante la gestión del general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena y del procurador Jesús Murillo Karam: realizar “filtraciones de líneas discursivas que descalifiquen el trabajo del GIEI y no acatar sus resoluciones”. Para los militares, las peticiones de información del Grupo eran “absurdas” y buscaban “generar presiones al gobierno mexicano”.

En la apreciación castrense del sexenio anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) utilizó al Grupo como “herramienta para denostar al gobierno mexicano e incluso culpar sin sustento al Ejército”. Tampoco la libran bien las organizaciones de derechos humanos acompañantes de las familias de Ayotzinapa. Las considera “disruptivas”.

Los cuatro del GIEI dedicaron varias declaraciones para hacer una “necesaria diferenciación” entre las capturas de pantallas que presentó la Covaj y otro paquete de chats que obtuvo como prueba la UEILCA, bajo la conducción del fiscal anterior, Omar Gómez Trejo. Este fue el fundamento para la petición de órdenes de aprehensión solicitadas, posteriormente revocadas por la misma FGR. Es una confusión que ha persistido en los medios de comunicación.

En la nueva etapa del mecanismo transitorio el GIEI, advirtieron, “se volverá a presentar” al nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra “toda la evidencia disponible” para los procesos de judicialización que fueron revocados. Todos, en algún momento, aludieron a la falta de conocimiento del expediente del nuevo investigador asignado.

“Las judicializaciones están en marcha, esta es la herencia para estos tiempos”, concluyó la exfiscal guatemalteca.

En su pronunciamiento conjunto señalan que existe prueba suficiente en contra de las autoridades de la PGR investigadas y judicializadas respecto a su conocimiento de los casos de torturas y desvío de la investigación hacia el basurero de Cocula, construyendo pruebas que resultaron falsas.

También hay evidencia de que numerosos miembros del 27 Batallón estuvieron al tanto de los hechos desde la llegada de los jóvenes a Iguala, fueron testigos de las detenciones, no actuaron para su protección mientras tenían reportes de inteligencia de lo que estaba sucediendo y controlaban el C4. Hay al menos un testimonio que los relaciona con haber tenido a un grupo de normalistas. Personal militar tenía relación estrecha con Guerreros Unidos, como han mostrado las interceptaciones telefónicas de Chicago, otros documentos y testimonios de testigos protegidos.

Sostienen que Sedena tenía conocimiento de la implicación de varios presidentes municipales y jefes de seguridad local con el crimen organizado. Incluso algunos militares fueron sancionados por omitir información relevante y el propio coronel José Rodríguez (hoy general, preso en Campo Militar I) comandante del 27 Batallón recriminado internamente por su falta de actuación. Otra evidencia demuestra que asesores militares intentaron modificar las declaraciones del capitán José Crespo, también preso, a fin de adecuar las declaraciones militares a la versión oficial de la época.

“La semana pasada entregamos al nuevo fiscal documentos que permiten avanzar en el conocimiento de los elementos de prueba”, informaron. Y recordaron que en esa misma reunión el presidente López Obrador admitió la posibilidad de ampliar las judicializaciones en caso de que se sustenten las evidencias.

La palabra del presidente en prenda

Desde agosto, cuando la investigación entró “en situación de crisis” por la presentación de evidencias sin verificación (ahora descartadas), la revocación de las órdenes de aprehensión contra presuntos implicados, la intervención de la FGR en la Fiscalía y la consiguiente renuncia del fiscal especial y sus principales asistentes, miembros del GIEI se han reunido en tres ocasiones con el mandatario, ante quien insistieron en la necesidad de poder acceder a toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Regional de Inteligencia y los demás organismos federales que integraron el 4 de octubre de 2014 el llamado “cuarto de situación”) y que sesionaron bajo la coordinación del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, hoy fugitivo en Israel.

Parte de la información de archivos militares y autoridades federales que se sigue ocultando a pesar del compromiso de AMLO de darle a los investigadores acceso pleno a toda la documentación es la que radica en las llamadas “Juntas de Autoridades” que tuvieron primero como sede el 27 Batallón de Infantería a partir del 7 de octubre de 2014. Días después, a partir del 24 de octubre, Zerón creó otra “Sala de Situación Caso Ayotzinapa” a donde ya solamente se reunieron autoridades federales (Secretaría de Marina, Cisen, Policía Federal, PGR, AIC y SEIDO).

Durante años estas autoridades federales negaron la existencia misma de este cuarto de situación. No todo lo que se trató ahí fue trasladado a los expedientes de la PGR en la investigación del caso. Claudia Paz explicó que es “información muy relevante, porque en ese momento se estaba construyendo la llamada verdad histórica. Ahí, en diversas ocasiones, se ordena que se realice la intervención de comunicación de distintos integrantes de Guerreros Unidos o personas implicadas. Se tiene constancia de que estas intervenciones de comunicaciones en tiempo real existen, pero a la fecha apenas hemos accedido a una pequeña parte. Seguiremos insistiendo que se entreguen en su integridad”.

A insistencia de algunas preguntas de la prensa, rechazaron contundentemente lo que se ha dicho con insistencia en medios de comunicación de que, a partir del reconocimiento de las falencias de la segunda parte del informe de la COVAJ, la gestión de los investigadores de esta administración hayan caído en una nueva “verdad histórica”, como se le llamó a la fabricación de la mentira y ocultamiento que encabezó el anterior procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Hay elementos sustantivos diferentes” en los nuevos informes, puntualizaron Claudia Paz y Paz y Francisco Cox: para empezar no se ha torturado a nadie para fabricar información, no ha habido guerra de peritajes ni siembra de evidencias.

Ya para finalizar, el sicólogo español Beristain recordó que cuando el grupo llegó por primera vez a la escuela de Ayotzinapa, su presentación terminó con la lectura de un poema del obispo brasileño Pedro Casaldáliga:

Es tarde

pero es todo el tiempo

que tenemos a mano

para hacer el futuro