El viernes 25 de noviembre de 2011, en una cita concertada a las tres de la tarde en el horario de La Haya, se entregó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, la información de los crímenes de lesa humanidad y de guerra atribuibles a Felipe Calderón Hinojosa, ocupante de la silla presidencial de México.

Se incluyó en esa denuncia al entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; al de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El ­Chapo.

La demanda de castigo al político entonces panista fue expresada en 700 fojas relacionadas con 470 casos documentados de “violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de diversos cuerpos de seguridad del gobierno federal (tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros y sometimiento a esclavitud en contra de migrantes para después venderlos a los cárteles), además de datos sobre los crímenes que cometen los cárteles de la droga en México”.

El abogado Netzaí Sandoval Ballesteros fue el eje de esta demanda, mediante una elaboración jurídica cuidadosa y firme. Más de 23 mil ciudadanos, entre ellos el autor de estas líneas, asentaron su firma de respaldo al documento. Este tipo de solicitudes de justicia ante la CPI suelen tardar largos años en su procesamiento y, a punto de cumplirse 11 años de la “comunicación de información” (es el término utilizado), sería adecuado precisar el curso que se ha seguido.

En su momento y en el ámbito nacional, Calderón reaccionó con iracundia ante las acusaciones derivadas de la “guerra contra el narcotráfico” que había desatado. En la entrega de esta columna del 28 de noviembre de 2011 se reprodujo esa respuesta, con comentarios del columnista insertos entre paréntesis:

“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia (pero el docto jurista de Los Pinos no espera a que el órgano llamado a atender el asunto, la CPI, así lo resuelva, sino que da por definitivas las sabias resoluciones dichas ‘ya’ por ‘las voces más autorizadas en la materia’. ¿Tal vez el secretario del trabajo sucio, Javier Lozano, o los discursos pronunciados por el Señor de la Muerte?). Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias (¿según quién? ¿según el propio acusado?) que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México (terrible afectación de criterio sería suponer que lo presentado hace unos días pudiera añadir desprestigio internacional ante el sabido horror mexicano de los años recientes), por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales” (Astillero: “Reacción bananera” https://bit.ly/3UalD00).

Tal amago felipista provocó un desplegado público, y la denuncia en los muy controlados medios de comunicación (con las excepciones tan a la vista), al considerar “sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra”.

Otra denuncia ante la citada Corte Penal Internacional fue presentada el 29 de abril de 2019, en La Haya, por Arturo Peim-bert, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a propósito de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en esa entidad, entre 2006 y 2007, cuando la Asamblea Popul­ar de los Pueblos de Oaxaca (APPO) encabezó protestas sociales.

Y, mientras se valora a plenitud el duro mensaje enviado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a Palacio Nacional, al subsecretario Encinas y al fiscal Gertz, además, obviamente, de los mandos militares Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval, ¡hasta mañana!

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