El paro que ayer cumplió 10 días en la provincia de Santa Cruz, Bolivia, trae consigo inevitables ecos del golpe de Estado que hace tres años depuso al ex presidente Evo Morales e instaló un efímero gobierno de facto encabezado por la hoy presa Jeanine Áñez. El libreto se repite de forma ilustrativa: los sectores oligárquicos movilizan a sus grupos de choque y articulan estridentes campañas de desinformación para incitar a los ciudadanos a rebelarse contra las autoridades nacionales legítimas. En este proceso, echan mano de su poderío económico y su control sobre rubros claves de la economía para generar malestar en la población e instalar un clima de caos que facilite salidas violentas como la que tuvo lugar en 2019.
Como siguiendo un libreto, los medios internacionales reproducen sin ningún rubor y sin mínima verificación las especies divulgadas por la ultraderecha boliviana. En sus afirmaciones de que los hechos en curso en la provincia más poblada y con mayor riqueza de este país andino constituyen un levantamiento unánime de la sociedad civil, omiten que desde el arranque mismo del paro las acciones han estado guiadas por el fanatismo, la intolerancia y el recurso de la violencia: el primer día del sabotaje a la economía nacional, esbirros vinculados al Comité Cívico pro Santa Cruz (organismo paraempresarial de la derecha racista y secesionista) asesinaron al empleado público Juan Pablo Taborga, quien intentaba despejar un bloqueo; en la localidad de Puerto Quijarro, paramilitares amenazan con allanar la vivienda del alcalde por el Movimiento al Socialismo, Luis Chamby, y en otras regiones se han producido ataques contra comunidades indígenas que se oponen a la cruzada de las élites provinciales.
Además del guion, se repiten los personajes: el actual gobernador de Santa Cruz es el golpista Luis Fernando Camacho, en 2019 dirigente del Comité Cívico y organizador principal de desmanes callejeros, del amotinamiento policial y la consumación del golpe con la traición de las fuerzas armadas. Fundamentalista religioso, minutos después de que el ejército obligara al gobierno de Morales a huir, Camacho ingresó a la sede del Ejecutivo con una Biblia y proclamó, en un Estado que es laico desde 2009, que “ahora Dios va a gobernar Bolivia”.
En esta misma senda, Áñez usurpó la presidencia con el libro sagrado del cristianismo en la mano, y afirmó: “Dios ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a palacio; que él nos bendiga”.
Tres años después de estos hechos que dejaron decenas de muertos, suspendieron la democracia y sumieron al país en la ingobernabilidad, Camacho demuestra que mantiene la misma voluntad de asaltar el poder por la vía de la violencia y el sabotaje.
Por ello, fue la única autoridad de las 300 convocadas que no se presentó al diálogo con el presidente Luis Arce para destrabar el conflicto en torno al aplazamiento del censo poblacional que debía llevarse a cabo este año, pero se movió a 2024 por razones técnicas, el pretexto usado por la derecha para emprender su nueva aventura golpista.
Estos sucesos se producen al mismo tiempo que en el vecino Brasil, Lula da Silva logró derrotar en las urnas al fascismo de Jair Bolsonaro, y a pocos meses de que en Chile y Colombia se inauguraron gobiernos de izquierda tras décadas de noche neoliberal. En este sentido, el paro oligárquico de Santa Cruz es un recordatorio siniestro de que las derechas no darán tregua en el designio de imponer sus agendas, sin reparar en los costos ni en los métodos.
