La administración capitalina proporcionó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) un adelanto de 39.7 millones de pesos como parte de su ministración de diciembre, con los que cubrirá las prerrogativas de los partidos políticos en noviembre.

No obstante, la autoridad local le informó que aún desconoce si podrá otorgar una ampliación de recursos de 45 millones de pesos para completar el financiamiento a los partidos políticos a fin de año.

En entrevista, la consejera presidenta, Patricia Avendaño, explicó que ha tenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas para que le permitan utilizar las prerrogativas que le serán retenidas al partido Morena para completar las entregas.

“Mi percepción fue que lo estaban viendo con buenos ojos. Quiero ser cautelosa, no quiero comprometerlos, pero me parece que hay elementos del análisis jurídico que permitirían que eso pudiera ocurrir; sin embargo, hay que esperar a su respuesta”, dijo la consejera presidenta, quien afirmó que de no contar con los recursos pudieran utilizar los recursos del capítulo 1000, mediante el cual se paga el sueldo de los trabajadores del organismo.

Ayer, el Consejo General celebró una sesión extraordinaria para aprobar su proyecto de presupuesto 2023, que será enviado al Congreso de la Ciudad de México. En la discusión, la consejera electoral Erika Estrada dio a conocer la llegada del documento de Finanzas en el que el gobierno expone que no concede la ampliación presupuestal porque aún no puede determinar si hay ingresos excedentes que puedan ser destinados a ello.

El proyecto de presupuesto del IECM contempla una solicitud de mil 580 millones 325 mil 454 pesos para el ejercicio fiscal 2023, de los cuales 76.3 millones de pesos, aproximadamente, serán para la preparación del proceso electoral 2023-2024.

Una tercera parte del total será destinada a los partidos políticos, lo que representa un gasto de 499.5 millones de pesos; asimismo, destaca un monto de 68.8 millones de pesos para el proceso de renovación de las comisiones de participación comunitaria; 101.5 millones para la consulta del presupuesto participativo, y unos 834 millones para los gastos de operación del instituto.