Santiago. De dulce y amargo en Chile: mientras la Convención Constitucional terminó de redactar el texto de la nueva Carta Magna a ratificarse en septiembre, el gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric se desgasta atrapado entre la inexperiencia y la debilidad de ser minoría parlamentaria, el acoso de una derecha que se regocija sin dar tregua y una espiral de violencia a cargo de narcotraficantes que se apoderaron de barrios en las ciudades, todo atizado por los mapuches que incrementan el sabotaje subversivo contra los conglomerados forestales en el sur de Chile.

Tanto así, que a Boric no le quedó otra que echar mano a los militares, tal cual hizo su antecesor Sebastián Piñera, para ponerlos a cargo de garantizar el libre tránsito en las carreteras principales y secundarias de la macrozona sur, territorio de decenas de miles de kilómetros cuadrados en las regiones del Biobío y de La Araucanía, donde las organizaciones de resistencia territorial mapuche operan a su antojo, con creciente audacia y a plena luz del día, incendiando haciendas y maquinarias, ante la impavidez policiaca.

El gobierno se vio forzado a ello cuando fracasó, por su fragilidad legislativa, en aprobar una reforma constitucional para crear un “estado de excepción constitucional intermedio”, para “protección y resguardo”, dijo el presidente, siendo forzado a aplicar el de emergencia existente; decisión que hizo rechinar a la coalición gubernamental izquierdista, que siempre rechazó la militarización del Wallmapu, territorio histórico de los mapuches.

La reacción de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, organización de resistencia indígena) fue inmediata: “los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric. A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche”, clamó su portavoz Héctor Llaitul.

La ministra del Interior, Izkia Siches, justificó el paso porque “es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas; hemos sido testigos de cobardes ataques. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”. Ella aludía a los bloqueos que hace poco practicaron a su antojo choferes y dueños de camiones en demanda de seguridad en las carreteras y beneficios como la reducción del impuesto al petróleo y la baja de los peajes.

Sin arreglo con los mapuches

El presidente ha manifestado de manera reiterada su intención de diálogo con las organizaciones mapuches, incluso las insurrectas, acerca de la restitución de tierras y la reparación de deudas históricas provenientes del despojo hecho por la nación chilena. Nada se concreta aún.

Delincuencia e inseguridad son el principal problema y preocupación de los chilenos. Se manifiesta a diario con la aparición de cadáveres en sitios eriazos, veredas o zanjas, con signos de ejecución; o con el sicariato en algún consultorio de urgencia, rematando a alguno que había acudido herido tras una refriega entre bandas.

También suele ocurrir que una bala loca termina con la vida de un infante que dormía en su cuna o en brazos de la madre o que viajaba junto a su padre por las calles próximas a su casa, mientras los llamados “portonazos” y las “encerronas” en las autopistas urbanas para robarse vehículos automotores, son el pan de cada día. Todo ello transmitido incesantemente por los medios ha creado la noción de que narcos y maleantes campean por doquier y en los barrios populares las familias literalmente se encierran en sus casas apenas cae la noche.

Hace unos días entraron a robar a la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien no estaba en la vivienda, pero cuyo marido e hijo resultaron maltratados, y un carabinero de la escolta de Boric fue secuestrado, golpeado, herido de bala y abandonado en un descampado; también el asesinato de la periodista Francisca Sandoval, de 30 años, muerta de un tiro propinado en la cabeza por un delincuente común en el centro de Santiago, durante las manifestaciones del 1º de mayo.

Además de poner a prueba al presidente –cuya aprobación cayó en torno a 35 por ciento en los dos primeros meses en el cargo–, todo este ambiente puede pesar en contra de la ratificación de la nueva Constitución, porque la campaña por el rechazo intentará asociar la gestión de Boric con el articulado de la Carta Magna que se someterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre.