Con ventajas que van de 8 hasta más de 15 puntos en los estudios de opinión frente a su principal adversario, el actual presidente Jair Bolsonaro, la candidatura de Luiz Inacio Lula da Silva perfila el retorno de la izquierda democrática y el fin de la ultraderecha neofascista en Brasil, el país de más población y extensión territorial en América Latina. Hacia las elecciones de octubre próximo, un nuevo mapa político en el subcontinente.
Es un país con un PIB nominal de 1.9 billones de dólares, una población de 218 millones de personas y un territorio de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, un país que el gobierno de Lula hizo pasar de la decimotercera a la séptima posición en el ranking de las mayores economías del mundo.
Como lo vaticinamos hace cuatro años, cuando una calculada y politizada privación de la libertad le impidió contender por la presidencia en el proceso de 2018, pues ingresó a la cárcel seis meses antes de las elecciones que llevaron al poder a Bolsonaro, la razón histórica y la legalidad jurídica finalmente prevalecerán y el icónico luchador social se perfila otra vez a la jefatura de Estado de Brasil, con todas las proyecciones a su favor en los estudios demoscópicos recientes.
Y así se fueron eslabonando los hechos, en una suerte de reivindicación y triunfo anunciados. El 8 de noviembre de 2019 Lula recuperó su libertad y desde el primer momento expresó que reanudaba su lucha por un país de desarrollo compartido e igualdad social, en el marco doctrinario del laboralismo y la socialdemocracia en que ha militado siempre, para poner fin al modelo de exclusión y libre mercado entronizado en Brasil y que hoy se perfila en retirada.
“No detuvieron a un hombre, intentaron matar una idea y una idea no se mata”, expuso Lula al recuperar su libertad personal y sus derechos políticos en aquella fecha memorable, para algarabía de sus simpatizantes ahí presentes, y entusiasmo desbordado más allá de las fronteras de Brasil, entre sus muchos seguidores en los movimientos progresistas del continente.
Dos años y medio después, el sábado 7 de mayo, Lula ha hecho pública y oficial su candidatura a la presidencia de Brasil lo que, de consumarse su victoria en las elecciones del 6 de octubre, sería su tercer periodo de gobierno. Lula gestionó su primera administración de enero de 2003 a diciembre de 2006 y, la segunda, de enero de 2007 a diciembre de 2010.
Contra las previsiones de la derecha local, y las de los fondos internacionales de inversión que auguraban una economía inestable y colapsada, dada la biografía combativa y social del entonces presidente, la estabilidad financiera y el crecimiento económico fueron la impronta de su gobierno.
Obrero metalúrgico, líder sindical, fundador y líder del Partido de los Trabajadores (PT), supo conciliar las urgentes necesidades de distribución de la renta e inclusión social con el necesario apego a la disciplina en el ejercicio del gasto público y el control de la inflación.
En efecto, el gobierno socialdemócrata que encabezó el ex líder sindical modernizó y abrió la economía, amplió los derechos sociales y mantuvo los equilibrios macroeconómicos.
Durante su administración, alrededor de 30 millones de brasileños salieron del umbral de la pobreza y las clases medias accedieron a un mejor nivel de vida, por lo que en su momento varios medios extranjeros eligieron a Lula como personaje de la década.
Esta vez, con el hartazgo como fondo por los desaciertos de la derecha gobernante, Lula encabeza un amplio frente de organizaciones de centro-izquierda y aún de derecha moderada: siete partidos y una diversidad de movimientos sociales y sindicales. Como expresión de esta apertura y altura de miras, el candidato a vicepresidente de su fórmula es el conservador Geraldo Alckmin, ex gobernador de Sao Paulo y ex adversario suyo a la presidencia en 2006.
Con ese abanico de organizaciones, y una amplia mayoría de electores según los estudios de opinión, se plantea “acabar con la política irresponsable y criminal de este gobierno, que pone en venta empresas estratégicas, daña el medio ambiente y destruye políticas públicas que cambiaron la vida de millones de brasileños”.
Su principal compromiso, expresado al anunciar su candidatura, es reditar los logros de aquellos años de bonanza económica en los que la redistribución de la renta y la inclusión de los pobres fueron la prioridad. También, reivindicar los derechos de las mujeres y grupos indígenas, frente a un gobierno neofascista, misógino, despectivo de las preferencias personales, ajeno a la salud del planeta y, sobre todo, racista, cuyos actos de desprecio a los pueblos originarios hemos destacado en este mismo espacio de opinión.
En suma, como Lula ha dicho, la disyuntiva para Brasil está entre “mandar a las alcantarillas al neofascismo” o restablecer un régimen de libertades públicas, de derechos humanos y protección a los necesarios equilibrios de la naturaleza.
* Presidente de la Fundación Colosio
