El artículo 1 de la Ley Minera se entiende que reglamenta al artículo 27 de la Carta Magna. Sus disposiciones, es decir, su ordenación, la forma como está estructurada, es de orden público, y el artículo es válido en todo el territorio nacional. Además de que quien tiene la autoridad para aplicarla es, justamente, el jefe del Poder Ejecutivo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador determinó acertadamente que el litio nacional y su utilización, como mejor convenga, corresponde al pueblo mexicano, así como los beneficios obtenidos de su procesamiento. Y la Secretaría de Economía es la encargada de estar al frente de todas las gestiones que se lleven a cabo.
Concierne al pueblo la defensa de este importante patrimonio nacional, justamente porque es un derecho constitucional.
“Expertos y expertas” de generación espontánea opinan que no tenemos tal abundancia, como lo han manifestado mineras extranjeras y especialistas nacionales en minería. Surgen comentarios y preguntas, entre simples y arrogantes, acerca del recurso natural no renovable del ahora más codiciado mineral. Omitiendo el contexto y aseverando sin conocimiento real, aparecen seudoanálisis tratando de minimizar o descalificar las acciones del gobierno actual.
Preguntan y comentan voceros de la oposición que los yacimientos de Sonora no son tan grandes; que cuesta mucho dinero extraerlo; que ahora por qué tanto interés en el mineral; dónde se va a procesar; con qué maquinaria; no tenemos experiencia; el gasto para su estudio y extracción llevará a la quiebra a la economía; qué empresa nacional o extranjera explorará y extraerá, si ya ha sido cerrada la posibilidad de licitación; las minas de litio se van a convertir en otro elefante blanco del sexenio; la institución que maneje los asuntos del litio creará más burocracia; ¿en verdad cree el presidente AMLO que el litio nos sacará de la pobreza?
Y así, infinidad de expresiones de cuestionable preocupación sana. Las críticas por la nacionalización del litio y su papel en el fortalecimiento de la soberanía energética reflejan la escasez de información veraz. No se conoce, hasta el momento, una buena propuesta por parte de quienes critican. Y, mucho peor, son incontables las opiniones en cuanto a que el mineral ya estaba nacionalizado, por lo tanto, las declaraciones del Presidente son infundadas y fuera de tiempo.
Más allá de una opinión libre y experta, parece que se trata de convencer a quienes desconocen los beneficios del litio de que es mejor depender de la tecnología extranjera en lugar de desarrollar la propia.
Y, justamente, la utilización del litio es un paso hacia el cumplimiento de los compromisos a favor de la limpieza ambiental signados por México. Las características químicas que permiten la industrialización de este mineral, que no es de reciente descubrimiento, como lo confirma Juan Pablo Aguirre Quezada, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, seguirán beneficiando a la producción de fármacos y de insumos para la industria en general. Además, también se trata de acelerar la búsqueda de energía limpia que ayude a bajar los niveles de CO2 y disminuya los eventos del calentamiento global.
La decisión del jefe del Ejecutivo en cuanto a la expropiación de este recurso natural, ya utilizado desde hace decenas de años, no es por ambición irracional de izquierda, como lo asegura una revista alemana, sino que decidió apostarle a la movilización legislativa para la nacionalización y blindaje del mineral en contra de los saqueos, que ya conocemos en otras áreas de la minería.
“La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo federal en términos de las disposiciones aplicables. El cumplimiento de la legislación y tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas será escrupuloso por parte de dicho organismo público.”
Las opiniones públicas que se contradicen con lo escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Minera propuesta por el presidente López Obrador no se explican, de no ser por el interés de que las empresas extranjeras o las privadas nacionales sean las que continúen procesando, para beneficio propio, no obstante ser considerado un mineral estratégico para el país.
