Ciudad de México. De acuerdo con datos proporcionados por el Banco Nacional de México (Banamex), durante las dos décadas que esa institución ha sido parte del estadunidense Citigroup, se duplicó la cantidad de piezas que conforman su valioso acervo artístico y cultural.

En 2001 contaban con una colección pictórica de alrededor de 2 mil 700 obras, desde piezas virreinales del siglo XVII hasta cuadros del siglo XX, y “representativos de todas las épocas”. Ahora reportan que tienen más de 4 mil objetos, incluida una selección de lo mejor del arte popular del país.

Antes de su incorporación al banco extranjero, el grupo financiero Banamex-Accival, entonces propiedad de Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, se comprometió formalmente por escrito ante las autoridades mexicanas a mantener ese acervo artístico en su poder y en el país “de forma permanente”.

El acuerdo fue que las obras sólo saldrían del país temporalmente para exposiciones internacionales, lo cual se ha cumplido. Aquel anuncio ocurrió luego de que la sociedad civil se organizó en el Frente Pro Defensa del Acervo Cultural de Banamex, que además buscó, infructuosamente, la expropiación de esos bienes “de incalculable valor”, según funcionarios de la empresa mercantil.

El vocero de aquel grupo de activistas, encabezado por la escritora Elena Poniatowska y la actriz Jesusa Rodríguez, era el hoy canciller Marcelo Ebrard, quien el domingo propuso, a través de su cuenta de Twitter, que ese patrimonio cultural en poder de Citibanamex “debería pasar a ser propiedad nacional, para garantizar su preservación”.

El secretario de Relaciones Exteriores añadió que se mantendrá “atento a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex”; incluso, planteó que el acervo que esa instancia resguarda “podría ser una retribución al enorme e injusto apoyo que hemos dado los contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para cubrir los pagarés IPAB, mejor conocidos por Fobaproa”.

Sin protección jurídica

Hace 20 años, Ebrard alertó que el acervo estaba en peligro porque la transacción financiera carecía “de obligatoriedad jurídica para mantener íntegra la colección en el país y en exhibición pública”. (La Jornada, 2/8/2001). En aquella ocasión, el político afirmó que “no sólo la mayor parte de ese acervo se encuentra desprotegido por falta de declaratoria, sino que, incluso, se desconoce su inventario”.

Por esta circunstancia acusaba de negligencia a los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura, y de Antropología e Historia, a los cuales, decía, competía por ley encargarse de realizar estos registros.

Subrayaba que se presionaría a las autoridades para que “el acervo sea sujeto a un estatuto jurídico especial cuyo principio fundamental sea que los accionistas de Citigroup acepten, de entrada, la sujeción a las leyes mexicanas, ya que la legislación de Estados Unidos es distinta.

“Nada impide legalmente a Citigroup sacar del país muchas de estas obras. Si a corto plazo no logramos que el conjunto de la colección quede sujeto a un estatuto regulado por el Congreso de la Unión, corremos el gran peligro de que en algunos años ignoremos dónde está la obra.”

Nada de aquello ocurrió y Citigroup lanzó posteriormente dos catálogos razonados de su colección de pintura, tanto del siglo XIX como del siglo XX.

En 2001, especialistas calificaban como “el negocio del siglo” la venta de Banamex a Citigroup, no sólo porque las arcas federales no recibirían ni un quinto por la transacción (por concepto de impuestos), sino por el tesoro que se “apropiarían” los banqueros extranjeros: al menos nueve cuadros de Dr. Atl, siete de Diego Rivera, cinco de Rufino Tamayo, tres de José Clemente Orozco, dos obras importantes de Joaquín Clausell (Amapolas y Fuentes brotantes), entre muchos otros, sin contar los inmuebles históricos.

Incluso, académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) propusieron que los legisladores convocaran “a una colecta nacional de acopio de recursos económicos por el patrimonio cultural, para que este excepcional acervo pueda ser adquirido por el Estado mexicano y nunca más quede en el riesgo que hoy se encuentra”.

También pidieron que el Poder Judicial investigara los procesos de expropiación y venta de la banca y deslinde de responsabilidades, y argumentaron: “No permitamos que este legado cultural quede en manos de particulares o empresas extranjeras”.

Las voces de los inconformes fueron ignoradas y dos décadas después la historia parece repetirse en cuanto a la inquietud por el destino de la colección que desde 1920 comenzó a conformar Agustín Legorreta y López Guerrero (1912-1972), entonces dueño del banco mexicano.

Otra organización que se sumó en aquellos años a los reclamos del Frente Pro Defensa del Acervo Cultural de Banamex fue la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, fundada en los años 50 por Felipe García Beraza, José Vera, Gustavo Velasco, Dolores del Río y el propio Agustín Legorreta, dirigida entonces por el arquitecto Ernesto Carranco Muñoz.

Ante la presión que en su momento hicieron esas asociaciones, Banamex anunció el 5 de julio de 2001 que propondría una modificación a sus estatutos sociales con el fin de prever que el gobierno federal tuviera un plazo de 180 días hábiles (contra los 15 días que marcaban esos lineamientos) para ejercer un “derecho de preferencia” en caso de que la institución bancaria decidiera enajenar el acervo cultural.

Hoy los directivos han dicho que la venta del banco será integral. No se ofrecerá aparte la colección de arte. Sin embargo, lo que decida hacer el futuro dueño con ese patrimonio “queda en su cancha”, reconocieron.