Citigroup anunció el martes su intención de dejar el negocio de banca de consumo y banca empresarial que opera en México por medio de Citibanamex para concentrarse en el negocio de clientes institucionales y su franquicia Citi Private Bank. Esto implicará la venta “al mejor postor” de la marca Citibanamex, las sucursales y las cuentas de los clientes (en rubros como crédito de nómina, tarjetas, hipotecario o automotor), el acervo cultural e inmobiliario que posee, así como los negocios de seguros y fondos para el retiro.
En un comunicado, el grupo bancario estadunidense informó que la decisión responde a una nueva visión estratégica que le permitirá “asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi”, y no tiene que ver con las perspectivas económicas de México, por lo cual se mantienen sus planes de inversión en el país. Como parte de este reposicionamiento, la compañía también ha anunciado salidas de los negocios de banca de consumo en Medio Oriente, Asia y Europa.
Ante el anuncio del conglomerado con sede en Nueva York, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la venta de un banco de consumo tan grande plantea “asuntos delicados” para las autoridades hacendarias y regulatorias, y destacó que los procesos de salida requieren “tratamiento riguroso y exigente, incluyendo un tema fundamental en materia de concentración”, el cual tratará “con estricto rigor y rectitud, cuidando en todo momento los intereses de México”. En el mismo comunicado, Hacienda explicó que se encontraba al tanto de este movimiento, pero no lo dio a conocer antes por razones de confidencialidad y para no dar pie a la especulación.
Además de poner la máxima atención en que las operaciones de traspaso se lleven a cabo sin afectar el patrimonio o el correcto resguardo de los datos de los millones de usuarios de Citibanamex y sin menoscabo para la estabilidad del sistema bancario nacional, la autoridad hacendaria debe evitar la repetición de lo ocurrido cuando Citigroup adquirió Banamex hace dos décadas: en 2001 la SHCP, entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, autorizó la venta de Banamex Accival a Citibank mediante una operación en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que permitió al anterior dueño del primero, Roberto Hernández, evitar el pago de 35 mil millones de pesos en impuestos (más de 79 mil millones a valor actual). Aquel episodio, considerado el mayor quebranto fiscal de la historia mexicana, estuvo teñido por el tráfico de influencias característico de las administraciones neoliberales, pues antes de encabezar la SHCP, Gil Díaz había sido empleado de Hernández, y era también conocida la relación de amistad entre el banquero y el entonces presidente, Vicente Fox.
Al margen del desarrollo que tengan las operaciones de venta del tercer mayor banco del país, el retiro de Citigroup ilustra la condición volátil y “nómada” de los grandes capitales, los cuales migran de un país a otro en cuanto detectan una oportunidad para incrementar sus utilidades o estiman que éstas no son lo suficientemente amplias donde ya se encuentran. Esta realidad, admitida sin tapujos por las compañías globales, advierte acerca de los peligros de cifrar las expectativas de crecimiento y creación de empleos únicamente en la inversión extranjera, pues ésta no conoce ninguna lealtad ni solidaridad y se encuentra sujeta a vaivenes completamente fuera del control de los gobiernos, cualquiera que sea su signo.
