A pesar del recorte de 4 mil 913 millones de pesos a su “exorbitante” gasto solicitado para 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) sí tendrá capacidad financiera para organizar y llevar a cabo la consulta de revocación de mandato presidencial prevista para marzo, consideró Morena en la Cámara de Diputados.

Además, la bancada precisó en un documento interno para sustentar su voto en el pleno, que la disminución de fondos para el INE se justifica porque los procesos electorales del próximo “no son tan grandes y complejos como el celebrado en este año”, y porque prevalecen casos de irregularidades investigadas en el órgano electoral.

En el texto, que se envió a los legisladores previo a la discusión del proyecto de dictamen en la Comisión de Hacienda, y más tarde en el pleno, se señala que, de un comparativo entre el presupuesto que se propone para 2022 y el aprobado para 2019, cuando no hubo un proceso electoral federal, el INE contaría con un aumento presupuestario de más de 4 mil millones de pesos, lo que en términos reales sería de 13.32 por ciento.

Mientras que, respecto de su presupuesto de 2020, el incremento sería de 4 mil 300 millones de pesos.

“Dicho aumento de 4 mil millones de pesos resultaría suficiente para hacer frente al procedimiento de revocación de mandato previsto para 2022, puesto que el mismo INE señaló, en su propuesta de presupuesto, que el mencionado proceso democrático tendría un costo de 3 mil 830 millones de pesos”.

Para la bancada mayoritaria, otro punto relevante para cuestionar “el presupuesto exorbitante que había solicitado el INE en un inicio (más de 24 mil millones de pesos), es que el Órgano Interno de Control encontró diversas anomalías durante el 2020”.

Las irregularidades cometidas “ponen en juicio la administración que le da el INE a los recursos públicos que se le son otorgados”, agrega el análisis.

En éste se cita que el OIC en el INE inició más de 370 expedientes de investigaciones por desvío de recursos; incumplimiento y abuso de funciones; acoso laboral; irregularidades en los procesos de licitación pública; robo o pérdida de bienes; nepotismo; conflicto de intereses; peculado, y cohecho.