Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirigió al Recomendación General 02/2021 sobre las condiciones de seguridad salud y bienestar del personal médico legista de la Ciudad de México a la Secretaría de Salud, ante las malas condiciones laborales en que desarrollan su trabajo en agencias del Ministerio Público, juzgados cívicos y sistema penitenciario.

En su presentación, la presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, informó que las condiciones en que se encuentra sometido el personal médico legista se evidenció y recrudeció a partir de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Dicho personal, conformado por 482 personas, divididos en la zona sur y norte, y desarrollan sus actividades en seis turnos diferentes, estuvo atendiendo alrededor de 40 personas usuarias al día sin protección e insumos adecuados y sin cubrebocas.

En los expedientes de queja tramitados por 71 personas en la Quinta Visitaduría, a cargo de Nadia Sierra Campos, se documentó la situación laboral que enfrentan y se consideró necesario incidir conforme a las atribuciones de la Comisión.

La decisión por ello de un pronunciamiento que busca la adopción de medidas por parte del Estado tendientes a dignificar el trabajo de quienes prestan el servicio médico legal, pues de manera insistente se ha recomendado fortalecer la capacitación al personal.

Así como asegurar el control sobre su actuación haciendo énfasis en los riesgos que enfrentan y la necesidad de su capacitación, a fin de contribuir a la transformación estructural de las condiciones que enfrentan.

Se recomienda ante ello a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México el establecimiento de un mecanismo formal de coordinación institucional con la Fiscalía General de Justicia, la Consejería Jurídica y la Subsecretaría de Sistema Penitenciario tendientes a mejorar la situación y condiciones laborales del personal médico legista.

Dicho mecanismo debe considerar la elaboración de un diagnóstico de riesgo respecto a lo que se expone el personal de médico legista en el ejercicio de su función; y coordinar acciones que garanticen el cumplimiento regular de medidas de higiene y sanitización de los lugares en los que se desarrolla sus labores.

La dotación, mantenimiento y organización de mobiliario e insumos necesarios para la realización de sus funciones ordinarias; y asegurar la atención de acciones emergentes para la atención de lo anterior en lo que representa la atención a la pandemia en la actualidad o en cualquier otra emergencia equiparable.

Además de elaborar y ejecutar un plan tendiente a mejorar progresiva y sustantivamente las condiciones de trabajo de todo el personal médico legista, con independencia de la naturaleza de su contratación.

El plan deberá de considerar mínimamente la revisión de la normatividad interna; así como de los criterios y mecanismos existentes de asignación de trabajo adscripciones guardias y otras condiciones laborales y la elaboración de conclusiones respecto a esa revisión en colaboración con instituciones académicas y de la sociedad civil.

Mencionó que, en caso de un cambio de adscripción a la Fiscalía General de Justicia le entregará de manera ordenada y sistematizada toda la información útil para concretar y consolidar las medidas previstas en esta Recomendación.