La propiedad social sigue enfrentando presiones de diferentes frentes, ya sea por empresas mineras, por desarrollos turísticos y proyectos energéticos, mientras desde el gobierno “hay una incomprensión del potencial y de la necesidad del control y gobernanza colectiva de los territorios y de procesos de desarrollo”, afirmaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

En un conversatorio sobre la materia, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai) de la UNAM, y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, entre otros, Gabriela Torres, profesora investigadora del Ciesas, expuso que cuando inició la administración actual “parecía que iba a haber nuevas políticas de control sobre este tipo de privatizaciones, pero no lo estamos viendo en territorio”. Siguen las inercias institucionales, “resistencias locales desde los empresarios y hay una falta de voluntad política”, deploró.

Indicó que hoy “hay procesos fuertes de privatización de las tierras ejidales y comunales”, la cual es vista “como un negocio desde el enfoque empresarial”. Refirió que sólo en Yucatán, entre 2018 y 2020, se ha duplicado la superficie ejidal destinada al asentamiento humano.

Leticia Merino, del Susmai, señaló que si bien hay algunos puntos que muestran “buena intención de política por parte de algunas secretarías” federales, como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para atender la propiedad social, “se mantiene el modelo extractivo y las inercias de privatización y desmantelamiento de los ejidos que tienen implicaciones de destrucción de la cohesión social”.