Ciudad de México. Organizaciones y activistas ambientales defendieron la modificación de la norma oficial mexicana (NOM) 001 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) –que regula los límites de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua nacionales– la cual fue aprobada con amplio consenso de diversos sectores, incluyendo los representantes de los sectores industrial y agropecuario.

Esta norma, que precede a alrededor de 49 regulaciones mexicanas y que no había sido actualizada desde 1996, establece nuevos parámetros para regular de manera más eficaz los contaminantes que afectan los cuerpos de agua receptores como ríos, lagos, lagunas y mares. El objetivo es garantizar la salud humana y ambiental, así como el derecho al agua de calidad.

El pasado 27 de agosto fue aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) y está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los consejos Coordinador Empresarial (CCE) y Nacional Agropecuario (CNA) acusaron que la aprobación de la NOM-001 fue “unilateral” y no se consultó a los sectores regulados.

En video conferencia, Anaid Velasco, abogada del Centro Mexicano de derecho Ambiental, rechazó que la modificación de la norma mexicana haya sido sin consensos.

Señaló que desde hace 14 años, la NOM-001 se inscribió en el Programa Nacional de Normalización, que es el instrumento informativo y de planeación que enlista los temas que serán desarrollados como normas oficiales mexicanas (NOM's).

“Estamos hablando que hay una intención de actualizar la NOM-001 desde hace 14 años, es decir desde hace 14 años el sector regulado sabía y pudo haberse preparado para hacer las inversiones y los cambios tecnológicos, operativos y presupuestales para realmente poder hacer esta adaptación y cumplir con la norma”, indicó.

No se trata de una norma “que de un día a otro aparece publicada, es una norma que tiene 14 años en el radar”, que se ha estado publicando de manera consecutiva en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en este Programa Nacional de Normalización, siendo la última publicación en febrero de este año, puntualizó Velasco.

Cindy McCullig, investigadora del Centro de Investigaciones en Antropología Social (CIESAS), coincidió en rechazar que fuera un proceso “unilateral” y explicó que la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización indica en su artículo 44 que corresponde a las dependencias elaborar las normas oficiales mexicanas, las cuales deben actualizarse cada cinco años.

“Si las entidades de gobierno generaron este anteproyecto, eso va completamente en la tónica de esta ley, y por supuesto que hubo procesos de consulta con los regulados e incluso grupos de trabajo para discutir los nuevos parámetros nuevos de esta normatividad”, añadió.

Incluso señaló que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Semarnat -máxima autoridad de normalización de la dependencia y encargada de expedir las NOMs- “es el enemigo en casa, porque es un espacio de negociación, donde se ha empoderado fuertemente al sector industrial”.

De hecho, de los 45 integrantes de dicho comité, 18 son cámaras y asociaciones industriales además de otras asociaciones de productores y ONGs que representan intereses industriales. “No está equilibrado porque pueden bloquear permanentemente algo que va en contra de sus intereses”, añadió McCullig.

“Entonces sí ha habido procesos de consulta y a veces esto se tiende a negar cuando el resultado no es el deseable”, indicó.

La investigadora del CIESAS sostuvo que la NOM-001 “es un paso necesario con todo el reto de su aplicación efectiva”, y es esencial para revertir los casos de contaminación grave en el país y proteger la salud humana y sistemas vitales.

En su oportunidad la investigadora de la UNAM, Marisa Mazari, señaló que “existe un gran rezago” en las plantas de tratamiento de aguas residuales con las cuales contamos en México.

Detalló que tenemos 2 mil 526 plantas de tratamiento municipales y 3 mil 25 plantas industriales, “pero lo que tratan no es suficiente”.

En cuanto a plantas en operación de desechos municipales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refirió que en su último estudio, reportó que sólo se tratan un 63 por ciento de las aguas residuales.