El grupo de Morena en el Senado llevará a cabo su reunión plenaria el próximo viernes, para definir la agenda del periodo ordinario que comienza el primero de septiembre y en la que figura de manera prioritaria la Ley Federal de Revocación de Mandato, que ya fue aprobada en comisiones de ese órgano legislativo, con el voto en contra de la oposición.
El tema central de discusión con los partidos adversarios es la pregunta que los ciudadanos deberán contestar en torno a la salida o permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo. Ése es uno de lo argumentos que PRI, PAN, MC y PRD esgrimieron para rechazara la realización de un periodo extraordinario de sesiones, el pasado jueves.
El coordinador del partido en el poder, Ricardo Monreal, comentó que están dispuestos a encontrar una redacción de consenso y recordó que ya se modificó una vez la pregunta incluida en la iniciativa original, a fin de que fuera más fácil de entender por la ciudadanía.
El texto final, que fue la incluido en el dictamen aprobado el lunes pasado por las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda fue: “¿Estás de acuerdo con que el Presidente de la República (nombre) continúe ejerciendo el cargo, hasta que concluya su mandato?”. El bloque opositor la rechaza y exige que se cambie por “¿Estás de acuerdo con revocar el cargo del Presidente de la República, por pérdida de confianza?”
Monreal reiteró que se puede acordar otra redacción y convenir también las bases de la organización, la logística a cargo del Instituto Nacional Electoral para la realización de esa consulta, que comienza en noviembre con la recolección de firmas, y debe concluir a mediados de agosto de 2022, con la votación en urnas.
El representante de MC, Dante Delgado, reiteró que la propuesta de Morena y sus aliados incluye una “pregunta obsequiosa” que va en el sentido de ratificar el mandato del Presidente y no de revocarlo.
“Nadie en MC se opone a la democracia participativa, a la consulta popular, a lo que nos oponemos es al hecho de que en lugar de revocación de mandato del Presidente de la República, demagógicamente se utilice esta reforma aprobada por todos nosotros como bandera y escudo para continuar diciendo mentiras”.
Hay también divergencias en las sanciones a imponer a servidores públicos que promocionen la revocación de mandato o paguen propaganda en radio y televisión. Del dictamen se dejó fuera la propuesta de la priísta Claudia Ruiz Massieu, quien en su iniciativa planteó llevar a juicio político al presidente López Obrador, en caso de que promocione ese ejercicio de participación ciudadana. Plantea también que se les imponga multas equivalentes a 10 mil Uma, suspensión de derechos políticos en los siguientes tres procesos electorales y la destitución del servidor público o su inhabilitación hasta por 20 años.
