Zimapán, Hgo. Pobladores y delegados de la comunidad indígena Rancho San Miguel, en el municipio de Zimapán, en Hidalgo, denunciaron ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) a la empresa minera comercializadora Sago, Sociedad Anónima (SA) de Responsabilidad Limitada (RL) por rentar a otra empresa, Minera La Purísima, un predio situado en las inmediaciones de la zona urbana para el depósito de desechos tóxicos de jales y donde aseguran ahora se pretende instalar una planta de cianuración o lixiviación.

La denuncia tiene el sello oficial de la localidad Rancho San

planta de cianuración

Miguel de Zimapán, en el documento se pide a Sergio Islas López, delegado de la Profepa se interpongan las sanciones correspondientes por violación al artículo cuarto, párrafo cuarto de la Constitución que dice: “ Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Fue en 1953 cuando llegaron los primeros vecinos de la comunidad Rancho San Miguel, 7 años antes de que se estableciera en el mismo lugar la Compañía Minera San Miguel S.A. de R.L.

Según el documento, en ese año la señora Soledad Contreras López , ahora finada, adquirió un extenso predio de tierra localizado a unos 6 kilómetros de la cabecera municipal y donde se construyeron las primeras casas de los familiares y descendientes de la mujer, lo que se constituyó como comunidad de Rancho San Miguel.

Pese a que las normas establecen que para la instalación de una empresa minera debe estar alejada al menos un kilómetro de distancia de las primeras viviendas de alguna comunidad o zonas urbanizadas, en 1960 se establece Minera San Miguel SA de RL. “en los límites de colindancia con terrenos dentro de nuestra comunidad Rancho San Miguel y desde entonces comenzó la contaminación de dicha empresa” dice la denuncia.

A partir de 2019, la empresa arrenda o presta el terreno donde se había asentado en 1960 a Minera La Purísima SA de RL para que colocaran allí sus desechos mineros o jales, pese a que la distancia con las primeras casas de la comunidad es de menos de 10 metros y a que carece de métodos de compactación a consecuencia de lo cual hay alta volatibilidad de los jales.

Además del polvo y malos olores que se esparcen por la comunidad a través del viento, los pobladores durante un recorrido que hicieron por el lugar se han percatado de la presencia de trabajadores de la empresa que presuntamente realizan pruebas para hacer “un proyecto nuevo de lixiviación u cianuración donde estaba la antigua empresa Minera San Miguel”.

Los denunciantes aseguran que en el lugar hay incluso “materiales de color rojo, al parecer óxidos” así como grandes tanques "donde procesaran y lixiviaran dichos materiales”. En el documento se señala que para el proceso de lixiviación se usarán grandes cantidades de cianuro “lo que nos pone el alerta ya que nos expondrán cotidianamente afectando nuestra salud y la vida de los habitantes de San Miguel”.

Por ello, los vecinos señalaron que se oponen a ese proyecto y piden a la Profepa realice la inspección correspondiente. De acuerdo a Alejandra Rojas, quien es una de las promoventes, hasta el momento Profepa no ha dado ninguna respuesta a las demandas que ha interpuesto ante la dependencia federal pese al enorme peligro que representa la instalación de la planta de lixiviación.