El Presidente reitera: “su pecho no es bodega” por lo que nada guarda. Sin duda, es una manera diferente de abordar, desde el Poder Ejecutivo, las cosas del poder.
No sé si habría acuerdo en el mundo político y de la comunicación, para mi inseparables, en el sentido de que esta conducta presidencial es un cambio positivo. Ciertamente, habría muchos peros que introducir en una evaluación de esta singular conducta, dependiendo de los distintos actores de la política y, en particular, de los profesionales de la información y la comunicación. Las asimetrías del poder no pueden soslayarse; tampoco, inventarse una equidad que no existe cuando hablamos de la Presidencia de la República.
Cuando se habla del derecho a la libre expresión, debe considerarse que su vigencia siempre es vista como esencial para juzgar la calidad y los alcances de la democracia y sus sistemas políticos, cada día más complejos. No sólo como origen de muchas redes de poder y relación social y política, sino como pilar insustituible de cualquier orden que se pretenda democrático. De aquí lo delicado del tema de la información, la comunicación, el ejercicio de esos derechos y libertades y el papel que en todo esto tienen o pueden tener la propiedad, el capital y la empresa que concretan dichas prácticas. En nuestro caso, la experiencia en la construcción democrática, larga y tortuosa como ha sido, contiene muchas lecciones que no pueden echarse por la borda.
Mucho se ha avanzado tanto en México como en el mundo en el esclarecimiento de los regímenes para el ejercicio de dicha libertad. Del control casi absoluto del Estado de los bienes materiales necesarios para producir y circular la información, hemos pasado a un efectivo, aunque de ninguna manera satisfactorio, ejercicio de la información si, por ejemplo, se le evalúa desde la perspectiva de los derechos de sus profesionales o los de sus usuarios. Para no mencionar el grave asesinato de periodistas, generalmente perpetrado por poderes criminales enraizados o no en la política.
Frente a esta trama, poco transparente en su diario quehacer, tenemos hoy al titular del Ejecutivo dispuesto a montar escenarios de confrontación con empresas y trabajadores de la comunicación, involucrándolos en supuestas campañas de conspiración para el desprestigio de su proyecto transformador. Digo supuestas porque hasta la fecha el Presidente no ha aportado un solo elemento de prueba; pero sí una cascada de dichos que pueden resultar contrarios a la consolidación de la libertad de expresión como derecho humano fundamental y como ejercicio político esencial para mejorar el sistema democrático, porque se olvida que “La ética de la democracia es una ética de la responsabilidad”, como afirma la filósofa española Amelia Valcárel (https://ethic.es/2021/07/amelia-valcarcel-etica/).
Los pronunciamientos que hace unos días realizaron el empresario Juan Francisco Ealy y varios de quienes hacen periodismo escrito, son una interpelación oportuna al poder desde la prensa. Cabe esperar que la respuesta presidencial contribuya a que, en éste como en otros acontecimientos de la República, puedan montarse diálogos abiertos y congruentes, no sólo entre los directamente involucrados, sino con el Congreso de la Unión, los medios de comunicación e información y la academia.
