El pasado domingo 11 de julio miles de manifestantes tomaron las calles de Cuba para alzar la voz ante la compleja situación económica, política y sanitaria que atraviesa la isla, haciendo de estas protestas, desde el llamado periodo especial en la década de los 90, las más grandes en la historia cubana reciente.
Algunas de las demandas que las detonaron fueron exigencias por cambios en la estructura política del país; el respeto integral de los derechos civiles; el acceso a los derechos económicos y sociales, particularmente a los recursos médicos, sanitarios y alimenticios, así como los constantes apagones en las ciudades. Todo esto en un contexto agravado por el aumento de contagios del Covid-19. Originadas en las comunidades de San Antonio de los Baños y Palma Soriano se extendieron por todo el país hasta alcanzar la capital, derivando en conflictos y violencia entre la ciudadanía y las autoridades.
La respuesta del presidente Miguel Díaz-Canel fue hacer un llamado a la confrontación, por lo que el escenario se caracterizó por el abuso y represión policial, detenciones arbitrarias, así como diversas violaciones a derechos humanos. Según información de la organización Human Rights Watch, hasta el momento se han registrado más de 500 personas desaparecidas o detenidas, entre las cuales se encuentran periodistas, activistas, integrantes de la sociedad civil organizada y manifestantes.
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han condenado la represión y el uso de la fuerza en el marco de estas protestas, haciendo un llamado al diálogo para la atención de las distintas demandas.
La Conferencia Católica Cubana de Religiosos, en comunión con los obispos de esta misma iglesia en Cuba, también han hecho este llamado; señalan la necesidad de atender de raíz las problemáticas para resolver realmente las demandas. Han reiterado la importancia de reconocer y respetar los derechos a la manifestación pacífica, asegurando la libertad de las personas privadas injustamente de ella, así como la libertad de comunicación y el derecho a la información, los cuales se vieron afectados por las restricciones en el uso de la telefonía móvil y digital y el acceso a las redes sociales. En este contexto, el gobierno argumentó como la causa de los estallidos sociales una política de asfixia económica por parte del gobier-no de Estados Unidos en contra de la isla, que, si bien es uno de los elementos centrales de esta crisis, no debe justificar los actos de represión dirigidos en contra de la población, ni la omisión en la respuesta a las demandas desde ésta.
Es importante identificar los impactos que ha generado el bloqueo económico impuesto por el gobierno estadunidense en contra de Cuba durante casi 60 años, lo cual ha afectado su situación económica, financiera y comercial, y que en años más recientes se ha visto aún más perjudicada por las 243 “medidas coercitivas” aprobadas durante la administración de Donald Trump. Estas sanciones han tenido un impacto significativo en el contexto sanitario actual, debido a las políticas monetarias que se han tomado respecto al uso de divisas y a la circulación de dólares, el control de las remesas recibidas del exterior, la disminución considerable del turismo, así como la reducción de las importaciones de petróleo, que afecta claramente al sector energético del país.
A pesar de los esfuerzos que se han impulsado a escala internacional en contra de las medidas y el bloqueo económico, siendo el caso, por ejemplo, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que durante casi 30 años ha votado en contra de las mismas, sólo el Congreso estadunidense tiene la potestad para levantar dichas sanciones.
La administración del presidente Joe Biden debe atender a fondo esta situación, no sólo de manera general, como sus recientes posiciones sobre la posibilidad de permitir el envío de remesas de Estados Unidos a Cuba, sino asumiendo acciones como la derogación de las medidas impulsadas por Trump. El escenario económico, político y social en Cuba presenta una complejidad que no se limita a una situación de reciente acontecimiento, sino que deriva de un largo proceso político y económico que ha afectado al desarrollo del país y a la vida de sus habitantes.
Las recientes protestas son sólo la válvula de escape de un proceso que requiere no únicamente la atención profunda al interior de Cuba, sino que también demanda la transformación de estructuras de poder a escala internacional, que la han afectado de manera significativa en todos los ámbitos. El diálogo y la construcción de acuerdos deben ser los elementos primordiales en la atención de las demandas. Siempre en un marco de irrestricto respeto por la dignidad humana, a los derechos de la población cubana, y, desde luego, a su soberanía.
