A 10 años la de implementación de la reforma, el reto es la efectividad plena de las libertades fundamentales y los derechos humanos, la posibilidad real de que todas las personas puedan ejercerlos, en especial aquellas en situación de desventaja o discriminación, señaló la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa.

A su vez, la ministra Norma Lucía Piña Hernández resaltó que el amparo es un instrumento de protección de los derechos de los individuos, sencillo y efectivo.

En una serie de conversatorios presididos por ministras y ministros del Alto Tribunal, reflexionaron sobre los logros de los cambios legales y los pendientes en la materia.

En el denominado Antecedentes de la reforma, problemática que enfrentó y a la que quiso responder, los ministros José Fernando Franco González Salas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena coincidieron en que la reforma de 2011 marcó un antes y un después en la vida constitucional de México, particularmente, en el ámbito de la debida protección de los derechos humanos.

A su vez, en el diálogo La décima época en la jurisprudencia de la SCJN: criterios clave que marcan una nueva cultura constitucional, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró que a partir de dicha medida legal a los juzgadores se les dotó de un conjunto de herramientas muy valiosas para avanzar y lograr un progreso significativo en la protección de los derechos humanos.

El ministro Javier Laynez Potisek señaló que existen retos importantes, así como cambios en la manera de dictar el derecho y las modificaciones jurisprudenciales que derivaron de la reforma de 2011.

También se abordó el tema Proyección hacia el futuro. Reforma 2011-reforma 2021, donde participaron los ministros Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este último dijo que espera que los beneficios de dichos cambios alcancen todos los rincones del país.

“Mejorando los sistemas, mejorando las leyes, viendo que haya un respeto de todos los órdenes de gobierno hacia la Constitución, hacia las leyes, que nos impone a nosotros como juzgadores revisar, dictaminar, en ocasiones orientar, como debe de impartirse esa justicia”.

El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que la reforma “es el tránsito a una justicia menos individualista, menos privativa, a una colectiva, no popular, sino profundamente social, cierta e inclusiva”.