Al menos una decena de funcionarios, señalados de incurrir en omisiones relacionadas con la contratación y pagos irregulares a las empresas que se encargaron de la construcción de ocho prisiones federales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han solicitado la protección de la justicia federal ante la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) para permitirles acceder a la carpeta de investigación, además de aportar pruebas en su defensa, señalaron fuentes del Poder Judicial.
Para el próximo 23 de junio fueron ya citados, ante un juez federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, 20 ex funcionarios señalados de incurrir en actos irregulares en favor de las compañías constructoras, sin embargo, en los recursos de amparo que se han presentado ante juzgadores con sede en la capital del país, se ha señalado que el Ministerio Público Federal les ha negado información del caso.
En días pasados, trascendió información de la audiencia inicial que se desahogará en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal como parte del seguimiento al que se ha denominado causa penal 45/2021 y en la que, entre otros, aparecen como mencionados de cometer actos ilícitos los ex titulares y otros ex mandos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Previsión y Readaptación Social (OADPRS) y sus distintas áreas administrativas y operativas, Gonzalo Villarreal Guerra, Sergio Montaño Fernández, Celina Oseguera Parra y el general Sergio Alberto Martínez Castuera.
La petición fue realizada por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a través de su unidad especializada en la indagación de ilícitos imputados a servidores públicos, y de acuerdo con algunas constancias ministeriales y judiciales a las que tuvo acceso La Jornada. La mesa encargada de la carpeta de investigación ha negado en reiteradas ocasiones que allí se integra la acusación, sin embargo, los oficios entregados al Poder Judicial de la Federación dan cuenta de que esa unidad pidió información de cada uno de los ahora señalados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de determinar la lista de quienes deben comparecer ante un juez el mes próximo.
