El desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue avalado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados solo por defraudación fiscal equivalente a 6.5 millones de pesos, delito que por el monto es sancionado con prisión de tres a nueve años.
Anoche, el pleno aprobó el mecanismo de la discusión del desafuero, del cual se eliminó la presentación de posturas de los partidos, y el proceso se desahogará con la presentación de la Fiscalía General de la República (FGR), del gobernador o su abogado, la réplica de ambas partes y dos rondas en favor y en contra.
En el dictamen aprobado el miércoles y ayer publicado en la Gaceta Parlamentaria, que será base del juicio de este viernes en el pleno de la Cámara, la Sección Instructora concluyó que el delito de lavado de dinero fue acreditado parcialmente por la FGR, pero precisó que podrá ser comprobado en el juicio penal que pueda iniciarse en su contra.
Aunque la fiscalía también solicitó el desafuero por delincuencia organizada, la Sección Instructora no entró al análisis de este delito y el tema no aparece en el documento ni en las conclusiones.
No obstante, acotó que, a lo largo del proceso se evidenciaron probables delitos, como la compra no aclarada de bienes inmuebles equivalente a 228 millones de pesos por el gobernador y sus familiares.
También, el uso de una empresa fantasma para triangular recursos en la adquisición de un departamento en Santa Fe por 14.3 millones de pesos, que luego revendió en 42.1 millones y las ganancias se depositaron en la cuenta bancaria del gobernador surgido del PAN.
La Sección Instructora explicó que el delito de defraudación fiscal quedó acreditado porque en 2019, García Cabeza de Vaca reportó ingresos ante el Hacienda por 56 millones 694 pesos, cuando en realidad ascendieron a 542 millones 936 mil 272.75 pesos.
“Por ese motivo, el contribuyente emitió parcialmente el pago de impuestos federales, obteniendo un beneficio indebido para sí y en perjuicio del fisco por 6 millones 511 mil 777.57 pesos”, con lo que se situó “en la hipótesis delictiva consistente en consignar en sus declaraciones deducciones falsas”.
Aun cuando existe evidencia de que García Cabeza de Vaca recibió y transfirió recursos de la compra y venta del departamento en Santa Fe, el dictamen afirma que “no se satisface en su entera capacidad” el delito de lavado de dinero, pero puede considerarse como indicio.
