La Secretaría de Gobernación (SG) confirmó las primeras cinco liberaciones por procedencia de amnistía en el país, derivadas de la ley en la materia que entró en vigor en 2020, al tiempo que organizaciones civiles que dan seguimiento al tema lamentaron que, a un año de la publicación de la norma, hasta la fecha ningún interno había recuperado su libertad por dicha herramienta.
En un comunicado, la SG indicó que las liberaciones se dieron luego de la revisión de 38 casos en los que se ha participado en audiencias con jueces federales de entidades federativas que califican la procedencia de este beneficio.
La Comisión de Amnistía tiene 967 casos en revisión, de los cuales se han resuelto 388. Se trata de solicitudes de personas en situación de vulnerabilidad, “como mujeres o personas indígenas que no contaron con una defensa adecuada, intérprete ni debido proceso”, agregó la dependencia.
Mientras tanto, durante un foro virtual organizado ayer en la mañana, antes del anterior anuncio de la SG, los colectivos que integran el llamado Observatorio de Amnistías advirtieron que la mencionada ley ha fallado en su misión de permitir la excarcelación de personas privadas de la libertad sin merecerlo, en gran medida porque el gobierno no ha dado los elementos necesarios para que la norma funcione.
“Si este tema fuera prioridad, estaría en el presupuesto y, analizando los de 2020 y 2021, nos dimos cuenta de que ni siquiera lo tenían en mente.
“En 2021 ya se esperaba un ejercicio analítico con las necesidades de personal, materiales y espacios para la Ley de Amnistía, pero no hay nada”, señaló Vianney Fernández, integrante de World Justice Project.
