Ciudad de México. A fin de terminar con una multiplicidad de leyes y reglamentos en materia de salud y educación que fragmentan y dispersan programas y duplican atribuciones y funciones, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso local dos iniciativas para expedir nuevas normas, armonizadas con la legislación federal y la Constitución Política capitalina.

El proyecto de decreto de la titular del Ejecutivo que expide la Ley de Salud de la Ciudad de México abroga la legislación vigente y otras nueve leyes más, entre ellas la que establece el derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que carecen de Seguridad Social Labora, para Prevenir y Atender la Obesidad, de Voluntad Anticipada y para la Atención integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas.

La ley de Educación integra a su vez en un solo cuerpo legislativo cinco normas, como las que establecen el derecho a Uniformes y Paquete de Útiles Escolares Gratuitos, la Beca para los Jóvenes Residentes en el Distrito Federal que estudian en Planteles de Educación Media Superior y del Apoyo Integral a las y los Estudiantes de Escuelas Públicas.

La primera plantea en su exposición de motivos una redefinición del significado del derecho a la salud y su protección, a partir de la visión de una ciudad innovadora y de derechos, e “implica un conjunto de políticas públicas que modifiquen las condiciones sociales que determinan la salud de las personas como la pobreza y la desigualdad, así como garantizar la progresividad del derecho a la gratuidad de los servicios y contar con una infraestructura médica ambulatoria y hospitalaria de calidad para prestar servicios médico-sanitarios universales a la población”.

Entre otros aspectos, asegura la continuidad de los servicios de salud bajo los acuerdos de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); incorpora el desarrollo de investigación científica para el rescate y promoción de la medicina tradicional indígena, así como el uso médico y terapéutico la marihuana y sus derivados conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación federal y define estrategias y acciones inmediatas derivadas de una alerta sanitaria o epidemiológica.

En la Ley de Educación, se incorpora la reforma constitucional en la materia de mayo de 2019, incluye a las instituciones de reciente creación como la Universidad de la Salud y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, así como los servicios extraescolares de la red de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), garantiza el derecho a educación bilingüe a la población indígena, en su lengua originaria y en español y obliga a las escuelas públicas y privadas a contar con programas internos de protección civil.