Se está sobrecargando la Fiscalía General de la República (FGR) de casos susceptibles de trato especial. Un aire de tianguis judicial se puede encontrar en el ir y venir de propuestas de presuntos delincuentes de alto nivel político y económico, que regatean pagos e indemnizaciones a cuenta de saqueos y corrupción que cometieron, o que buscan plazos acortados de encarcelamiento y disfrute de sus riquezas mal habidas si es que cooperan con los supuestos propósitos justicieros de Alejandro Gertz Manero, un fiscal tan extrañamente enredado en sus propias gestiones y tan insólitamente ineficaz hasta ahora, tan distante, en los hechos consumados, del diario discurso de combate a la corrupción que ofrece en sus conferencias matutinas de prensa el Presidente de la República.

Parecen transitar sobre rieles de plena legalidad los expedientes y las negociaciones que buscan alcanzar a presas de mayor calado que los denunciantes y delatores, pero hasta ahora lo único que se ha visto, salvo el proceso especial dedicado a Rosario Robles, es una persistencia nefasta de aires de impunidad o cuando menos influyentismo en cuanto a Emilio Lozoya, Alonso Ancira, Salvador Cienfuegos y, ahora, Emilio Zebadúa.

No pisar la cárcel, acceder a suites médicas, eludir rutinas clásicas de firmas periódicas en juzgados y seguir negociando al infinito los términos de presuntas rendiciones soplonas son algunos de los beneficios obtenidos por esos supuestos conversos a la “colaboración” que, hasta ahora, nomás no dan visos de estar aportando grandes elementos para someter a juicio a sus jefes (Enrique Peña Nieto y su principal operador, Luis Videgaray Caso, por ejemplo).

Ayer, Rosario Robles Berlanga, dos veces secretaria en el gabinete peñista, se quejó de que a ella no le están dando la misma atención y viabilidad que a otros presuntos infractores de la ley para acogerse a un “criterio de oportunidad”.

Pidió, por tanto, que se le dé “el mismo trato que se ha dado a otros”. Y, a cambio de reconocerse culpable de las acusaciones hechas en su contra, propone que su sanción máxima sean seis años de cárcel y que se le exima de cubrir cualquier tipo de indemnización millonaria. Robles considera “discriminación” el ser la única integrante de la plantilla peñista en estar en la cárcel y en no ser escuchada por la FGR para intentar negociaciones.

Panista durante 25 años y ocupante de diversos cargos, legislativos y administrativos, a nombre del partido derechista, Ricardo Sheffield Padilla da un buen ejemplo de aclimatación electoral, pues fue candidato a gobernador de Guanajuato a nombre de la alianza obradorista en 2018 y, ya con el tabasqueño en Palacio Nacional, fue designado procurador para la defensa del consumidor (donde no hizo más que declaraciones y promesas, como sus antecesores), con comparecencia semanal programada en la mañanera.

Ahora dejará la procuraduría de fantasía para buscar la presidencia municipal de León a nombre de Morena y, dado que así sigue siendo la política, tratar de ser nuevamente candidato a gobernador. ¿Morena se derechiza o empaniza? ¿O es tan vigorosa la ideología morenista que es capaz de transformar a derechistas de toda la vida en entusiastas “progresistas” de oportunidad?

Y, mientras Joe Biden ha dicho, en referencia a Texas y Misisipi, que “lo último que necesitamos es el pensamiento neandertal de que mientras todo esté bien, quítate la mascarilla” (o cubrebocas o tapabocas, según se desee llamar a esa prenda), ¡hasta mañana, con PAN, PRI y PRD en una muestra más de oportunismo electoral, al postular como candidata a gobernar Baja California (luego de las tres décadas de predominio panista, y la brevedad caótica y abusiva del morenista Jaime Bonilla) a María Guadalupe Jones Garay, conocida como Lupita Jones, quien fue Miss Universo en 1991 y ha tenido una carrera destacada en ese ámbito empresarial de concursos o programas de belleza, además de escribir y promover material de autoayuda!

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