Tras su aprobación por el pleno del Senado, está lista para su promulgación la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada el primer día de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el nuevo texto se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al priorizar el despacho de energía que produce el Estado y eliminar disposiciones que ponen a la empresa pública en desventaja frente a las compañías privadas, la mayoría extranjeras, que son sus competidoras y a las que estaba obligada incluso a otorgar subsidios millonarios.
Cabe saludar este avance que representa un alivio sustancial para las finanzas públicas al cesar los injustificables subsidios a poderosas trasnacionales, que supone la recuperación del papel rector del Estado en el diseño y operación de este sector estratégico y que posibilitará la reorientación de la infraestructura eléctrica del lucro rapaz a una perspectiva de desarrollo social. Tales beneficios derivan de la neutralización de las catastróficas disposiciones constitucionales impuestas mediante la reforma energética que los partidos del Pacto por México aprobaron en diciembre de 2013, de espaldas a la sociedad, mediante corruptelas, como se ha sabido posteriormente, y violentando los procedimientos legislativos. Sin embargo, no puede soslayarse que la contrarreforma neoliberal continúa vigente, y extenderá sus perniciosos efectos en tanto no se deroguen las alteraciones que introdujo a la Constitución.
En su momento, este diario ya advirtió que el contenido de la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto dejaba pocas esperanzas de cumplimiento a las grandilocuentes promesas que en torno a ella realizaron el ex presidente, los partidos oficialistas y los medios de comunicación afines, y que auguraba, en cambio, graves quebrantos para la hacienda pública, así como cesiones difícilmente reversibles de la soberanía nacional. El tiempo ha confirmado tales vaticinios, que incluso se quedaron cortos ante las dimensiones del saqueo perpetrado al amparo de esas leyes. Una enumeración exhaustiva resulta imposible en este espacio, pero cabe reseñar el contrato entre Petróleos Mexicanos y la filial de Odebrecht Braskem-Idesa, por el cual la empresa del Estado debía entregar al consorcio privado 66 mil barriles de gas etano al día por 20 años, a un precio 30 por ciento por debajo de su valor de mercado, así como el hecho de que diversas compañías nacionales y extranjeras mantengan improductivas con fines meramente especulativos las amplias porciones del territorio nacional que se les adjudicó para extraer y exportar petróleo. Tampoco puede olvidarse el enorme daño financiero y humano que causó el abandono de las estaciones hidroeléctricas de la CFE a fin de honrar lesivos contratos de compra de energía generada por los actores privados.
Ejemplos como los anteriores recuerdan la necesidad de avanzar en la anulación tanto de la reforma energética peñista como de las disposiciones privatizadoras adoptadas durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Esta tarea debe emprenderse porque así lo decidieron los ciudadanos en las elecciones federales que pusieron fin al dominio de los partidos pactistas, pero también porque así lo demandan la seguridad y la soberanía energética de la nación, cuyos objetivos no pueden quedar supeditados a la lógica de obtención de dividendos. Ante las voces que mantienen un apego fanático a las supuestas bondades del libre mercado, sólo queda recodar las recientes heladas en Texas, las cuales demostraron de manera trágica que la privatización a ultranza supone un incremento descontrolado de costos que no se ve compensado con mejoras en la eficiencia o la estabilidad del servicio.
