Ciudad de México. Es necesario reformar “urgentemente la arquitectura internacional de deuda” y que se suspenda la emisión de calificaciones de crédito durante una crisis, como lo es la pandemia de Covid-19, dijo Yuefen Li, experta independiente sobre deuda externa y derechos humanos de la Organización Naciones Unidas (ONU).

“Reformar la arquitectura internacional de deuda, inclusive el papel, los criterios que utilizan, y el funcionamiento de las agencias de calificación crediticia, no puede posponerse más. La reforma es crucial de cara a la profunda recesión y a una inminente crisis de deuda en 2021 en varios países en desarrollo”, subrayó.

Expuso que las calificadoras de riesgo “tienen una influencia excesiva” sobre las decisiones de préstamos, condiciones e intereses de la deuda soberana, pese a que en crisis financiera previas —como la de hipotecas subprime entre 2008 y 2009— han dado muestra de los problemas estructurales que conllevan.

“En lugar de sonar la alarma sobre posibles crisis de deuda, lo que significaría cumplir con su rol preventivo, estas agencias han actuado para exacerbar las crisis”, señaló.

Además de que tienen defectos de origen: conflicto de interés, falta de rendición de cuentas o transparencia en sus evaluaciones.

Sumado a esto, hay una concentración de mercado. Las tres principales empresas de riesgo Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings controlan más del 92 por ciento del mercado global, “lo cual no permite una justa competencia”.

Más allá del control del mercado y opacidad, también se observa que las calificadoras de riesgo no cuentan en su metodología con algún referente en derechos humanos, explicó Li. Iniciada la crisis, en abril pasado, iniciaron un ciclo de bajas de calificación a soberanos. Esto tiene como consecuencia que los costos de financiamiento para los países hayan aumentado.

“El impacto de rebajas de calificación de países en desarrollo puede ser enorme”, recalcó Yuefen Li. “Resulta aún más alarmante que las calificaciones no tengan en cuenta consideraciones de derechos humanos, con lo cual incrementan la volatilidad de los mercados financieros, reducen el espacio fiscal para invertir en servicios de salud, vacunas o protección social cuando más se necesitan y disminuyen la eficacia de los esfuerzos de los países para contener una crisis de deuda. Con esto, aumentan el sufrimiento de la población” .