Desde el pleno del Senado, Napoleón Gómez Urrutia recordó que a 15 años de la tragedia de Pasta de Conchos, que hoy se cumplen, no se ha castigado a los responsables y a pesar de la voluntad del presidente López Obrador, las investigaciones sobre el siniestro siguen inconclusas, aunque existen elementos para fincar responsabilidades a Grupo México, de Germán Larrea.

El dirigente nacional del sindicato minero no pudo concluir su intervención, en la sesión senatorial que ayer se efectuó mediante una plataforma digital, por fallas técnicas, pero en entrevista posterior resaltó que la explosión en esa mina de carbón ubicada en Coahuila, en la que murieron 65 trabajadores, “será un infame testimonio para la posteridad”.

Es un ejemplo, dijo, de impunidad del millonario empresario, quien, además de provocar el derrumbe, por su negligencia, al no establecer medidas de seguridad en la mina, se negó al rescate de los 65 cuerpos que quedaron atrapados en Pasta de Conchos, hace 15 años.

El senador de Morena resaltó que a pesar del paso del tiempo, la exigencia de justicia sigue siendo una demanda prioritaria del sindicato minero, de las viudas y familiares, y de las comunidades mineras “que conocen bien la negligente forma de operar de Grupo México.

Efecto de la “avaricia desmedida”

Esa catástrofe “deja como evidencia lo que la avaricia desmedida puede provocar” y lleva a la necesidad de generar una nueva cultura patronal que se preocupe por los trabajadores.

También presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, reconoció el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar que la empresa indemnice, como debió hacerlo desde un principio a las viudas y demás familiares y retomar el rescate de los restos, que estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dijo confiar en que antes de que concluya este sexenio se puedan tener avances contundentes, para sacar los restos de los mineros sepultados dentro de la mina el 19 de febrero de 2006 y que se reviva la investigación para fincar ­responsabilidades.

Hizo notar que el sindicato señaló y documentó múltiples y severas deficiencias en las medidas de seguridad de la mina que no fueron atendidas, por lo que después del accidente se interpusieron denuncias por homicidio industrial y negligencia contra la empresa, que desafortunadamente fueron “archivadas” por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.