El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que 2020 no ha sido un buen año para la economía del país, ya que ésta acusa los severos efectos de la pandemia en curso. Un día antes, al presentar los resultados de la encuesta efectuada para conocer la opinión ciudadana acerca de sus primeros dos años de gobierno, el mandatario ya había informado que 47 por ciento de los mexicanos consideran su situación económica peor a la que tenían en 2019, mientras apenas 12.8 por ciento ha experimentado una mejoría. Esa perspectiva poco halagüeña para las finanzas de las mayorías fue confirmada por Héctor Grisi, director general del banco Santander México, quien consideró que 2021 será un año difícil, especialmente durante el primer semestre –cuando se manifestará con toda su fuerza el impacto de la crisis–, y que la recuperación a niveles previos a la pandemia llegará apenas en 2022 o 2023.
En contraste, algunas señales permiten un cauto optimismo en torno a las condiciones de nuestra nación para sobreponerse a las actuales circunstancias. Algunos ejemplos se encuentran en la mejoría de las estimaciones de la caída económica recogidas por el banco central; en el importante repunte de la economía nacional durante el tercer trimestre del año, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), o en el mantenimiento de la estabilidad en indicadores claves como la inflación, la paridad cambiaria con el dólar estadunidense o las tasas de interés que, a diferencia de lo ocurrido durante la crisis de 1995, se han conducido a la baja para estimular la inversión productiva en vez de dispararse como parte de un frenesí especulativo.
Lo cierto es que en estos momentos ni el gobierno, ni la iniciativa privada, la academia o cualquier otro actor, cuenta con herramientas que le permitan realizar proyecciones con un grado razonable de certeza, pues incluso el futuro más inmediato se encuentra sujeto a poderosos factores de incertidumbre. El primero de ellos puede ubicarse en el hasta ahora imprevisible impacto de la vacunación en el retroceso de la pandemia y en las consecuentes posibilidades de desconfinamiento y retorno a la normalidad. Uno más reside justamente en la naturaleza de dicha “normalidad”, pues parece claro que no será idéntica a la existente hasta febrero de este año, sino que por necesidad incorporará diversas tendencias surgidas durante la emergencia sanitaria.
Echar a andar la economía y disipar la sombra de una crisis prolongada es una tarea que gobierno e iniciativa privada deberán abordar de manera conjunta y con la vista puesta en el equilibrio entre los requerimientos económicos y las exigencias de cuidado de la salud pública. En este contexto, sin duda jugará un papel fundamental el combate a la corrupción que, además de resultar deseable en sí mismo, ha demostrado ser una formidable herramienta de política económica al liberar una enorme cantidad de recursos que pueden ejercerse en favor de las mayorías a través del presupuesto federal.
