La minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, se revisará en el Senado de la República “con mucha seriedad y cuidado”, pues se requiere certeza de que no se posibilite que delicuentes que cumplen sentencias por ese ilícito puedan ser liberados, al bajar el tipo penal, advirtió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza.

“Tenemos que darnos el tiempo necesario para analizar a fondo todo el contenido de la minuta”, declaró, en especial algunos artículos, como el 21, que fue modificado en la Cámara de Diputados, a través de una reserva presentada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, por la que se redujeron las penas para servidores públicos cómplices de extorsiones o que no las hayan denunciado.

La iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum proponía de 10 a 20 años de prisión, pero en la Cámara de Diputados las bajaron para quedar de cinco a 12.

“En el Senador, tenemos que valorar el impacto que ello podría tener respecto a los procesos penales ya concluidos y si se requiere que hagamos una modificación”, explicó.

Magistrado en retiro y experto en temas penales, Inzunza recalcó que si se establecen sanciones carcelarias más bajas, quienes cumplan con sentencias mayores tienen el derecho de acogerse a la nueva legislación y quedar libres, pues la retroactividad opera cuando se trata de un beneficio para la persona.

Por ello, insistió, junto con el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, pedirán que se les dé mayor tiempo para dictaminar la minuta. Detalló que junto con su equipo, ya comenzó el análisis de la misma. En principio, recalcó, “tenemos que hacer un levantamiento de información en relación con todos los procesos penales que se están llevando a cabo en las entidades federativas por este delito de extorsión, los casos de reos que compurgan penas, los que están en proceso, a fin de tener una idea puntual, fidedigna , si van a ser afectados por la reforma.

“Me parece que sería absolutamente desacertado que la ley, por la cual se pretende una política pública de mayor coordinación, estabilidad, incluso para la prevención, y luego para el combate del delito de extorsión, llevara a la liberación de las personas ya sentenciadas. Esa parte hay que verla con muchas seriedad”, insistió.

También el artículo 13, a su juicio, requiere valorarlo, ya que establece que la investigación y persecución de los delitos de extorsión, corresponderá a las unidades encargadas de secuestros, tanto en la Fiscalía General de la República como en las fiscalías estatales “pese a que se trata de fenomenologías distintas”.

Al respecto, el senador de Morena consideró que lo óptimo serían agentes del Ministerio Público especializados en el delito de extorsión. Agregó que hay otros aspectos técnicos y de redacción a revisar, por lo que incluso, buscarán una reunión con la consejera jurídica, Ernestina Godoy.