La nueva Ley Orgánica de la Armada de México fue aprobada ayer por el Senado de la República con los votos favorables de Morena y aliados, y con el rechazo de las bancadas de oposición. Luego fue remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con la nueva norma se fortalecen las facultades de la Secretaría de Marina en materia de seguridad y para el combate de actos ilícitos en el mar, lo que incluye la inspección y persecución de buques extranjeros de acuerdo con las leyes internacionales, la protección de instalaciones estratégicas y la defensa de “los intereses marítimos”.

Además, se le otorgan facultades para la ciberdefensa y ciberseguridad, y se estipula la igualdad de género para acceder a todos los niveles de mando, expuso el senador Carlos Lomelí, presidente de la Comisión de Marina.

Durante la presentación del dictamen –que fue avalado en lo general y luego en lo particular con 72 votos a favor de Morena y sus aliados y 31 votos en contra de la oposición–, Lomelí sostuvo que permitirá una mayor coordinación con las distintas instancias de seguridad.

“La Armada tendrá más herramientas, más coordinación y más recursos para apoyar a las autoridades civiles sin sustituirlas y colaborará respetando la Constitución y, por supuesto, los derechos humanos. No se trata de militarizar, sino de proteger con disciplina, eficiencia y transparencia. Esta ley no amplía el poder de las armas, sino el poder de la ley y del Estado mexicano sobre sus mares, su ciberespacio y su futuro”, señaló el morenista.

Apuntó que la nueva ley representa una transformación estructural, moral y estratégica que redefine el papel de las fuerzas navales, ya que hay nuevos retos como la seguridad del ciberespacio, el combate al crimen organizado transnacional o los riesgos ambientales.

También se crea la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituye al viejo Estado Mayor General.

Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, añadió que se incorporan unidades especializadas para fortalecer la seguridad en puertos y aeropuertos, vitales para el comercio, el turismo y el desarrollo nacional.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardina Campuzano aseveró que se trata “del secuestro institucional de una de las instituciones más nobles de México. Mientras, la priísta Carolina Viggiano consideró que la minuta enviada por la Cámara de Diputados busca militarizar al país y “consolidar el dominio militar sobre funciones civiles”, como la seguridad de puertos, aeropuertos e incluso con tareas policiacas.

Los legisladores informaron además en la sesión que las comparecencias de los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Bienestar, que se pospusieron por la emergencia causada por las fuertes lluvias en varias entidades del país, se reprogramaron para los próximos 11 y 18 de noviembre, respectivamente.