Destinar a servicios de asesoría jurídica particular el presupuesto participativo, como los seis proyectos a los que el órgano de dictaminación de la alcaldía Miguel Hidalgo otorgó constancia de validación favorable, podría implicar “un desvío de recursos públicos”, además de afectar su eficacia como herramienta de reconstrucción del tejido social.

Esto señaló el Tribunal Electoral local al revocar la validación emitida a favor de uno de los seis casos que fue impugnado, de la unidad territorial Lomas Altas, aun cuando había resultado ganador en la consulta.

Explicó que destinar recursos públicos a un servicio jurídico particular contraviene el principio de interés general que rige el gasto del presupuesto participativo, al traducirse en una erogación de carácter privado en beneficio de individuos determinados, al no existir certeza de que la contratación de dicho servicio se traduzca en un beneficio verificable para la totalidad de los habitantes de la unidad territorial.

Refirió que la alcaldía tiene la atribución de prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, y “permitir que el presupuesto participativo financie gastos que forman parte de las atribuciones ordinarias de las autoridades desnaturalizaría este mecanismo de democracia directa, convirtiéndolo en un financiamiento paralelo de obligaciones administrativas que deben ser cumplidas por las alcaldías en el marco de sus funciones”.