La renuncia de Emilio Barriga, hasta el jueves Auditor Especial de Gasto Federalizado, evidenció una nueva fractura en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El anuncio de su salida coincidió con la publicación este viernes de un nuevo reglamento que modifica el orden de suplencia del auditor superior, colocando al área de Barriga en último lugar, cuando antes encabezaba la lista.

Barriga había manifestado su intención de competir por la titularidad de la ASF, lo que habría provocado tensiones con el actual Auditor Superior, David Rogelio Colmenares Páramo, quien en marzo termina el plazo de ocho años para el que fue designado, y a quien la ley le da el derecho de repetir en el cargo un periodo más.

Su salida –la quinta de un Auditor Especial en lo que va de la gestión de Colmenares– ocurre en un contexto de pugnas internas y de propuestas legislativas para eliminar la relección en la institución, señaló en X el ex Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, David Lozano Dubernard, otro de quienes dejó en los últimos años el equipo de trabajo de Colmenares Páramo.

Barriga anunció su renuncia el jueves mediante un video en el que agradeció a sus colaboradores y confirmó su salida “para participar en la convocatoria por la titularidad de esta institución”, que se renovará el próximo año. Sin embargo, dentro de la ASF ya circulaban versiones de que Colmenares planeaba removerlo, y que el auditor decidió adelantarse.

Lozano Dubernard agregó que la molestia “es tan evidente que el Auditor Especial no estuvo presente el pasado martes en la firma del convenio entre la ASF y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, pese a que su área fiscaliza a las universidades e instituciones de educación superior”.

En su mensaje, el ex auditor advirtió que este tipo de episodios “revela el incentivo perverso de la reelección del Auditor Superior” y respaldó las iniciativas de reforma recientemente presentadas por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para eliminar la relección y fortalecer la independencia y contrapesos en la fiscalización del gasto público.