La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) detuvo ayer al abogado Gerardo Covarrubias Huizar por el delito de evasión fiscal en el ejercicio 2019; sin embargo, se le ha identificado como uno de los principales relacionados con fraudes pensionarios por más de 16 mil millones de pesos que han afectado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), caso que ha sido documentado por La Jornada desde junio de 2024.

La orden de aprehensión fue emitida por la jueza Salma Martínez, con sede en Torreón, Coahuila, ya que el litigante es señalado como probable responsable en el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos. Se espera que se le dicte vinculación a proceso y se imponga la prisión preventiva.

Las indagatorias construidas por la FEMCC que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, y que se iniciaron por denuncias del Issste en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vinculan al abogado en casos de fraude por la obtención ilícita de pensiones en asociación con servidores públicos del instituto y de la Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que estos últimos dictaron fallos favorables para el fraude.

Según información de la Fiscalía General de la República y que ha sido aportada a jueces federales, los casos en los que se obtuvieron pensiones por montos ilegales, superarían los 5 mil 900 millones de pesos, es decir alrededor de una tercera parte del daño patrimonial que ha sufrido el Issste.

La investigación apunta que Covarrubias Huizar aprovechó su calidad de apoderado legal de trabajadores para prover juicios laborales en la Junta 42, sin que ésta fuera competente en los asuntos. A su vez, dicho tribunal laboral habría admitido y resuelto de manera indebida las demandas y dictó laudos condenatorios contra el Issste.

Ello, ha generado decenas de carpetas de investigación de las que se desprenden al menos 25 causas penales, que contemplan órdenes de aprehensión.

La Junta Especial 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje fue suprimida mediante un acuerdo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado el 17 de junio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Su desaparición se justificó porque presentaba “una carga significativa de asuntos promovidos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social que representan un porcentaje elevado en comparación de los demás asuntos de los que es competente”. Sus asuntos fueron turnados a las Juntas Especiales números 19 y 20, ambas con residencia en Guadalupe, Nuevo León.