El número de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) anotados al programa actual de retiro voluntario no tiene precedente, desde la creación de este órgano, en 2014, antes Instituto Federal Electoral.

Con el beneficio de un bono especial, en una década salieron mil 836 personas, y en la última convocatoria hay al menos 970 solicitudes, equivalentes a alrededor de 5 por ciento de la nómina vigente, la mayoría de la rama administrativa y poco más de un tercio del Servicio Profesional Electoral Nacional, el personal con mayor especialización.

La cantidad de trabajadores inscritos en esta edición duplica la respuesta anterior más alta, registrada en 2018, cuando se anotaron 596; la otra mayor cifra fue en 2021, cuando se anotaron 336, y en 2015 la lista fue de 209 interesados en este Programa Especial de Retiro y Reconocimiento (PERR).

Este beneficio no opera cada año, sino de manera extraordinaria; así ocurrió en 2015, 2016, 2018, 2021 y 2022; en ese último periodo salieron 861 empleados por diversos motivos, y 336 por la vía del PERR.

Según un informe del INE, el año con más renuncias fue 2018, tras el proceso electoral federal, con 643 finiquitos ordinarios y 596 con el PERR, para un total de mil 239 empleados. En los documentos no se puntualiza si las plazas desocupadas vuelven a someterse a concurso o si se eliminan y/o congelan. A más tardar hoy, la Dirección Ejecutiva de Administración –a través del área de recursos humanos– debe responder a todos los solicitantes.

Los interesados buscaron esta opción en el contexto de una inminente reforma que busca reducir el gasto de todo el aparato político-electoral, particularmente de institutos y tribunales, tanto nacionales como locales, según algunos planteamientos de funcionarios del Poder Ejecutivo, de donde saldrá la iniciativa que se presentaría al Congreso en febrero próximo.

Para la edición 2025, el INE dispuso una bolsa de 100 millones de pesos; los lineamientos establecen que se dará un pago de tres meses de salario bruto, más 20 días por año. Tendrán prioridad las personas con mayor antigüedad, más allá de si se anotaron al inicio o al límite del plazo fijado para tal fin.

Quienes sean admitidos para este programa de retiro voluntario saldrán del instituto hasta el próximo 31 de diciembre; el requisito central es tener al menos 10 años de trabajo en el órgano, situación en la que están miles de personas, de las que casi 970 continuaron el trámite.

Otras renuncias

De manera simultánea continúan otros movimientos en el INE. La semana pasada, Carmen Urías Palma, encargada de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del instituto, informó a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, su intención de dejar el cargo.

Urías saldrá con renuncia efectiva al 31 de octubre, se indicó, luego de haber encabezado la estrategia de comunicación en dos procesos electorales federales, incluida la primera elección judicial.