La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebrará el próximo lunes su primera audiencia pública con grupos sociales, donde escuchará a personas con discapacidad antes de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán (CDHM).

El asunto cobra relevancia porque la Suprema Corte puede emitir un fallo para modificar un criterio vigente desde hace una década, que ha llevado al alto tribunal a invalidar automáticamente leyes y normas que afectan a este sector cuando no se les consulta previamente.

Ayer, la acción 182/2024 estaba en la lista de asuntos a discusión, pero por segunda vez fue aplazada tras la solicitud de audiencia de un grupo de manifestantes que llegó horas antes a la puerta de la Suprema Corte.

“Hemos recibido solicitud de audiencia de parte de varias organizaciones y personas interesadas en los temas que se abordan en esta acción de inconstitucionalidad, y quiero comunicarles que hemos tomado la decisión de llevar a cabo la primera audiencia pública sobre temas relevantes y pido a todas las organizaciones que estén atentas a la convocatoria para participar en esta audiencia pública”, dijo el ministro presidente Hugo Agui-lar Ortiz.

División de criterios

El expediente se discutió por primera vez el 7 de octubre, se votó parcialmente, pero quedó pendiente tras un debate que dividió al pleno entre quienes apoyaban y quienes rechazaban cambiar el criterio.

El mismo día, en redes sociales, la ministra ponente Lenia Batres afirmó que la primera votación del proyecto significó que la Corte “abandonó” el criterio de la antigua conformación del tribunal. Sin embargo, previamente en la sesión, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía aseguró que no se alcanzaron los seis votos necesarios, y la ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que no votará hasta que la propuesta se presente en “blanco y negro”.

Varios ministros coincidieron en que la anterior conformación del máximo tribunal “abusó” de este criterio, por lo que el cambio debe revisarse caso por caso y no invalidar leyes de manera automática.

Una de las manifestantes, Martha García, del Movimiento de personas con discapacidad, lamentó que el cambio de criterio restringiría su derecho a ser consultados y escuchados frente a nuevas políticas públicas que los afecten.