En la actualidad se abusa de la buena fe, señala en paquete de iniciativas de reforma que envió al Congreso
Martes 14 de octubre de 2025, p. 38
Una reforma al Código Penal local y a otras leyes va por sancionar a los notarios públicos coludidos con el delito de despojo.
En el paquete de iniciativas enviado por el gobierno capitalino al Congreso, se detectó que en la actualidad se abusa del mecanismo de la “buena fe” en casos de despojo, pues privilegia la posesión de un bien aun cuando el título sea producto de simulación, fraude, falsificación o manipulación registral; además, la carga probatoria recae en el denunciante que debe enfrentar procesos largos y costosos.
Por ello, se propone modificar el Código Civil para fijar “mala fe” cuando existan indicios de falsificación y/o manipulación notarial y registral. Además, elevar la sanción penal hasta 11 años de prisión a quien simule actos jurídicos, suplante identidad o impida el disfrute material de un bien inmueble ajeno.
También se proponen agravantes que se castigarán con años de prisión y multas de más de 450 mil pesos cuando el delito se cometa en contra de adultos mayores o cuando se trate del titular de una notaría en ejercicio.
Otra modificación al Código Penal es por asociación delictuosa, en la que se propone un incremento de hasta 10 años de prisión y multas económicas de 226 mil pesos a quien forme parte de una banda de tres o más personas dedicadas a delinquir; las penas se agravarán en una mitad cuando se trate de líderes. También se endurecen las agravantes ya contenidas en la ley con 15 años de prisión y multa de más de 790 pesos.
En cuestión de amenazas, se establecen aquellas que puedan acabar con la vida consideradas graves por lo que se incrementa la sanción a dos años de prisión; así también, se consideran varias agravantes que incrementarían la pena al triple.
Asimismo, se propone un incremento de dos terceras partes de las penas que corresponda a la lesión causada cuando se inflijan por razones de género en contra de mujeres o por prejuicio en contra de personas con orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género o características sexuales no normativas.