Santiago. El presidente Gabriel Boric recibió ayer un documento elaborado por una Comisión por la Paz y el Entendimiento, tras dos años de deliberaciones, que contiene una propuesta para resolver el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que busca recuperar su territorio ancestral –el Wallmapu– que les fue arrebatado en una ocupación militar a mediados del siglo XIX, pero todo hace presagiar un destino incierto y entrampado para la propuesta.

Antes de que se conociera el informe, aunque por razones distintas, la derecha política y sectores de la insurgencia indígena armada lo rechazaron de manera categórica.

La complejidad radica principalmente en la restitución de las tierras, unos 12 millones de hectáreas o 122 mil kilómetros cuadrados de territorio distribuido en las regiones del Biobío, de la Araucanía, de los Ríos y de Los Lagos, que tras la usurpación armada fueron entregados a conglomerados forestales y hacendados agrícolas.

Desde ya, se sabe que devolver la totalidad de aquellas extensiones es imposible –hay grandes ciudades e infraestructuras edificadas en esa macrozona–, y de hecho el informe propone alrededor de medio millón de hectáreas, una restitución que costaría al fisco alrededor de 4 mil millones de dólares.

La comisión, de ocho miembros y liderada por Alfredo Moreno, un líder empresarial y ex ministro de Desarrollo Social durante el segundo gobierno del derechista ex presidente Sebastián Piñera, y por el senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla, de ascendencia indígena, hizo 21 recomendaciones.

Algunas de éstas incluyen: Justicia histórica, desde el reconocimiento constitucional y de las formas de organización mapuche, representación política, creación de un órgano de alta jerarquía a cargo de la política indígena, consulta y participación. Reparación a víctimas del conflicto. Bases y criterios para la entrega de tierras y garantías para la implementación.

La propuesta deberá ser sometida a consulta del pueblo mapuche, etnia de cerca de 1.9 millones de habitantes, alrededor de 10 porciento de la población del país. Y si eso ocurre, muchas de las propuestas deberán convertirse en leyes para viabilizarlas y financiarlas.

La comisión decidió que el informe debería ser unánime, pero cuando todo presuponía que ello se lograría, un miembro que representó a los agricultores, comunicó que se iba a abstener.

La derecha política –incluidos sus tres candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre–, se justificaron en aquello para anunciar su oposición al informe.

Por el lado de la insurgencia mapuche, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, sostuvo: esta comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista que está activo en los procesos de recuperación territorial. Nuestra política sigue siendo la reconstrucción nacional y la liberación del Wallmapu, objetivos que, una vez más, no son entendidos ni abordados por la clase política chilena y todos sus sectores afines.

Llaitul, uno de los cerca de 100 activistas mapuche en cárceles chilenas, cumple una sentencia de 23 años por delitos contra la seguridad interior del Estado.

“Desde un inicio sostuvimos que esta comisión estaba condenada al fracaso puesto que, más que representar las demandas de las comunidades y agrupaciones que luchan por sus tierras, encarna los intereses del gran empresariado y del latifundio que se encubren hoy en falsos discursos de paz y bienestar social. Son estos sectores los que buscan legitimar su propia concepción de paz y entendimiento, que no es más que un nuevo artilugio para asegurar las mejores condiciones para incrementar y acumular sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral”, agregó en una declaración desde la prisión.