En comisiones del Senado avanzó ayer la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que fue aprobada por todas las fuerzas políticas.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Ana Lilia Rivera, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo modifica más de 100 artículos de la citada legislación, crea nuevos apartados y deroga disposiciones obsoletas.

Explicó que fue enviada al Congreso en septiembre de 2024 por Andrés Manuel López Obrador y busca fortalecer el control estatal, sobre todas las actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas.

También incorpora una tipificación moderna del armamento, accesorios y establece campañas permanentes de desarme y cultura de paz con obligaciones para los tres órdenes de gobierno.

La enmienda ya fue aprobada en la Cámara de Diputados por unanimidad y se prevé que sea puesta a votación del pleno del Senado antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones mañana.

La reforma prohíbe el uso de armas mediante fabricación tridimensional, técnicas aditivas, réplicas o de formas artesanales. De la misma manera, ratifica su posesión por parte de integrantes de organismos que por sus funciones de carácter público justifiquen su necesidad, entre ellos, las empresas estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

También se regula de manera más estricta la portación y uso de esos artículos, sobre todo los que puedan tener los particulares, con propósitos de legítima defensa.

La morenista Blanca Judith Díaz destacó que la enmienda permitirá contar con un marco legal actualizado y dar certeza jurídica a ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas que requieren armas.

El priísta Rolando Zapata señaló que parte de la inseguridad que se vive en el país se debe al casi control que diferentes grupos de la delincuencia organizada mantienen. Para enfrentar ese fenómeno, sostuvo que hay que tomar diversas medidas, entre ellas las que se incluyen en el documento.

Precisó que la reforma endurece las sanciones para quienes no cumplen con la ley y promueve el fortalecimiento institucional.